📸 Cortesía: captura de pantalla X @alfredosaadev
¿CONSTITUYENTE EN COLOMBIA? DEBATE ENTRE REALIDAD Y LEGALIDAD
Un pulso político y jurídico se enciende en Colombia. El 19 de junio de 2025, en medio de un clima de tensiones institucionales, el recién nombrado jefe de gabinete presidencial, Alfredo Saade, redobló la apuesta por convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Su mensaje público junto al presidente Gustavo Petro en la plataforma X generó una nueva ola de controversia sobre el procedimiento y las cifras requeridas para avanzar en este proceso.
Lo que realmente está en juego es mucho más que un simple trámite: la validez del respaldo popular necesario para una Constituyente. Mientras desde el Gobierno se ha afirmado que ocho millones de apoyos bastarían para iniciar la consulta, esta cifra ha sido cuestionada por expertos y avalada por la propia Constitución colombiana. Según el texto constitucional y especialistas en derecho, ese umbral es insuficiente: se requieren al menos 13,6 millones de votos, lo que equivale a una tercera parte del censo electoral, para que la consulta sea válida y permita avanzar al siguiente paso.
La controversia se profundiza al recordar que días antes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había señalado que la Constituyente se podría convocar mediante una iniciativa popular con un 20 por ciento del censo –es decir, esos ocho millones mencionados– y que este mecanismo llevaría la propuesta directamente a la Corte Constitucional para su validación. Sin embargo, este planteamiento ha sido desmentido por la comunidad jurídica, que recalca que la Constitución de 1991 establece un proceso más riguroso y delimitado, exigiendo la intervención previa del Congreso para la aprobación de una ley que defina claramente el alcance, número de integrantes y duración del órgano constituyente.
Además, el reciente dictamen del Consejo de Estado suspendió la consulta popular por decreto promovida por el Ejecutivo por no cumplir con el requisito fundamental de contar con el aval previo del Senado. Esta decisión ha colocado en el centro del debate el respeto a las reglas de juego institucionales frente a la presión de movimientos sociales y políticos que buscan una reforma profunda.
Así, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia pasa por un proceso complejo, marcado por la interacción entre actores políticos, legales y ciudadanos. La ley exige primero la mayoría absoluta en el Congreso para aprobar el proyecto, la revisión de la Corte Constitucional y, solo después, la convocatoria a un referendo donde la participación y votación mínima deben ser claras y contundentes para evitar nulidades.
En este contexto, la incertidumbre persiste. ¿Podrá Colombia abrir una nueva hoja constitucional respetando las reglas que la propia democracia exige? ¿O este debate se quedará atrapado en la eterna tensión entre aspiraciones populares y racionalidad jurídica? En cualquier caso, el pulso por definir el futuro constitucional del país está lejos de cerrarse.
