Entre “guerra de la gran colombia” y deportaciones, crece tensión con Ecuador.

📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Migración Colombia
¿Desplazados sin advertencia?

El puente internacional Rumichaca guardó silencio, esta vez cargado de incertidumbre y desarraigo. El pasado viernes 25 de julio de 2025, al menos 410 colombianos privados de libertad en cárceles ecuatorianas fueron deportados de manera masiva y repentina hacia Colombia, según confirmó Migración Colombia.

La operación, extendida durante más de 25 horas, no solo implicó un intenso despliegue logístico sino que dejó al descubierto un profundo desencuentro diplomático entre dos países vecinos. Colombia protestó con firmeza la medida unilateral, enfatizando la falta de notificación formal por parte de Quito y la ausencia de condiciones dignas para los deportados, muchos de los cuales arribaron sin documentos, vulnerables, hambrientos y expuestos a las inclemencias del clima fronterizo. Para la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, la prioridad fue garantizar el respeto a los derechos humanos, pese a las dificultades palpables en el momento más crítico del trámite.

Del otro lado, Ecuador defendió la decisión como una respuesta a la sobrepoblación carcelaria y una estrategia de «tolerancia cero» ante el crimen organizado. El ministro del Interior, John Reimberg, no ocultó la mano dura: cerca de mil colombianos pasaron por este proceso y no podrán regresar en las próximas cuatro décadas. Según sus palabras, la seguridad nacional está en juego, y aquellos condenados por delitos graves como robo o tráfico de drogas no tienen cabida en territorio ecuatoriano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, a la cabeza de una queja oficial, calificó la maniobra de Quito como un «gesto inamistoso». Aseguraron que identificar a los deportados y gestionar sus ingresos fue una tarea compleja y apresurada. Colombia remite, así, una solicitud tácita de diálogo y reconocimiento mutuo en medio de una crisis que, en el fondo, desnuda tensiones históricas y la fragilidad de los vínculos diplomáticos.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, con voz firme y reclamando un legado compartido, expresó su descontento y llamó a la reflexión sobre cómo estas decisiones afectan no solo a individuos desplazados, sino también a la convivencia fronteriza de dos pueblos vecinos. ¿Será posible reconstruir la confianza sin dejar a nadie en la periferia del trato humano? ¿O estas deportaciones marcarán un antes y un después en la relación bilateral, dejando un vacío difícil de llenar? La pregunta persiste, y el puente Rumichaca aguarda, cómplice silencioso, la respuesta.

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