“Es inconstitucional”: ocho partidos demandan el ‘decretazo’ de Petro ante el Consejo de Estado

📸 Cortesía: Catalina Olaya – Colprensa
¿ESTADO DE DERECHO EN JAQUE?
Un pulso judicial y político comenzó en Bogotá este jueves 12 de junio. Ocho partidos de oposición e independientes presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para anular el decreto presidencial que convoca a una consulta popular nacional. La tensión surge porque este llamado fue emitido por el presidente Gustavo Petro pese a que el Senado ya había rechazado la iniciativa.

Las colectividades demandantes, entre ellas Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Partido Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Partido Liberal, denuncian una ruptura grave del Estado de Derecho. Según ellas, el Ejecutivo violó preceptos fundamentales de la democracia colombiana al actuar sin el apoyo legislativo previo, tal como exige el artículo 104 de la Constitución y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.

El reclamo surge apenas horas después de la firma del decreto por el presidente Petro y su gabinete. Los partidos advierten que convocar a la consulta sin el visto bueno del Senado representa una clara extralimitación de funciones, afectando principios esenciales como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular. Para ellos, el rechazo del Senado el 14 de mayo de 2025 define la voluntad legislativa, que ha sido ignorada arbitrariamente por el presidente.

En un comunicado conjunto, los demandantes solicitaron al Consejo de Estado que adopte con urgencia una medida cautelar para suspender provisionalmente el decreto. El argumento es evitar que se ejecuten gastos presupuestales irreversibles y que se altere de manera irreversible el orden constitucional.

Este episodio pone al descubierto una tensión latente entre ramas del poder en Colombia. ¿Se trata solo de una interpretación distinta sobre procedimientos o se avecina un quiebre institucional? Mientras el Consejo de Estado estudia la demanda, la incertidumbre crece. La ciudadanía espera que la justicia esclarezca pronto si el marco legal y democrático podrá sostener la presión política o si, en cambio, el vacío institucional comenzará a abrirse paso inexorablemente.

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