📸 Cortesía: Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, formuló el martes 25 de noviembre de 2025 duras acusaciones contra el presidente Gustavo Petro relacionadas con el escándalo conocido como “Calarcá”, en el que estarían vinculados altos funcionarios del Gobierno con estructuras criminales de las disidencias de las Farc.
Según Gutiérrez, la Presidencia “se ganó de la mano de las peores estructuras criminales de este país” y por eso pidió que se realicen investigaciones profundas a nivel nacional e internacional por la gravedad de las denuncias. La controversia comenzó tras la difusión de archivos y comunicaciones de alias ‘Calarcá’, líder de las disidencias, que comprometerían a miembros cercanos a Petro. De acuerdo con informes publicados principalmente por Noticias Caracol, en ellos se evidenciaría cómo criminales recibieron credenciales oficiales, algunos designados incluso como “gestores de paz”.
“Lo que denunciamos en campaña presidencial se comprueba con las revelaciones de los archivos de Calarcá, la infiltración en inteligencia, y la entrega de credenciales a capos como ‘gestores de paz’, así como con criminales parados en la tarima del Gobierno,” declaró Gutiérrez. Además, criticó el desmonte de capacidades de inteligencia durante la administración Petro y la salida de oficiales claves en las Fuerzas Militares, hecho que aseguró debilitó la seguridad nacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció, instando al Gobierno de Colombia a llevar a cabo una investigación profunda sobre estas denuncias. “Instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo esas acusaciones y a aplicar las medidas correspondientes,” señaló un comunicado oficial.
En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió la renuncia de Wilmar Mejía, conocido como alias ‘Chulo’ y representante de la Presidencia en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, señalado de ser el nexo entre funcionarios y grupos delictivos. Mejía negó cualquier relación ilegal y aseguró que colaborará con las autoridades.
Durante la campaña presidencial de 2022, Gutiérrez aseguró haber sido víctima de amenazas y restricciones por parte de grupos armados ilegales, señalando que en varias zonas las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo apoyaron abiertamente la candidatura de Petro y Francia Márquez. Para él, estas acciones equivalen a una “entrega total del territorio a las estructuras criminales” y pidió al Congreso revisar el marco legal de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno.
Al finalizar la jornada, el alcalde anunció que solicitará formalmente al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que investigue y, en caso de encontrar evidencia robusta, gestione la extradición de funcionarios implicados en crímenes de narcotráfico o terrorismo. En tanto, la Presidencia y funcionarios implicados negaron toda vinculación ilegal y afirmaron estar dispuestos a responder ante la justicia.
Las investigaciones oficiales continúan en desarrollo y el caso ha generado amplio debate público sobre la transparencia gubernamental y la relación entre política y crimen organizado en Colombia.
