📸 Cortesía: Colprensa / D.R.A.
Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, está en medio de un escándalo por la supuesta redistribución irregular de 213.000 millones de pesos destinados a pavimentar la vía Puerto Gaitán–Rubiales, en el Meta. La carretera, que transporta cerca del 30 % del crudo nacional, permanece en gran parte sin asfaltar, mientras que presuntamente contratistas cercanos al poder político regional recibieron recursos significativos.
La denuncia fue divulgada en diciembre de 2023 por la Unidad Investigativa de La Silla Vacía y retomada por medios nacionales, donde se explica que Ecopetrol pidió cancelar una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), que incluía la pavimentación de 43 kilómetros por aproximadamente 232.000 millones de pesos, asignados luego de protestas y negociaciones con comunidades entre 2021 y 2023. Posteriormente, Ecopetrol promovió la fragmentación del contrato entre Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, repartiendo un total cercano a 213.000 millones de pesos para diferentes tramos de la vía.
La investigación revela que buena parte de los contratos fue adjudicada a uniones temporales y empresas vinculadas a sectores políticos del Meta, incluida la alianza con el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, referente del uribismo. La Agencia de Infraestructura del Meta entregó 24,6 kilómetros al contratista UT Primera Vía por aproximadamente 147.000 millones de pesos. A su vez, la Alcaldía de Puerto Gaitán fue asignada con cerca de 140.000 millones para otros 18,8 kilómetros, recursos que trasladó a la asociación supradepartamental SOSUPRO, la cual contrató a la UT Vía Rubiales como único oferente, a pesar de que la obligación de ejecución le correspondía directamente al municipio.
Según La Silla Vacía, se detectaron posibles sobrecostos por unos 7.900 millones de pesos en materiales clave de pavimentación, en comparación con los precios oficiales del departamento. A noviembre de 2024, solo estaban terminados ocho kilómetros ejecutados por Invías, mientras que los trabajos bajo la Agencia de Infraestructura avanzaban lentamente y el tramo asignado a SOSUPRO seguía en fase preparatoria, dejando 27 kilómetros sin recursos ni actividades concretas.
“La petrolera ha convocado mesas técnicas para revisar la información relacionada con las supuestas irregularidades,” indicó un vocero de Ecopetrol. “Estamos comprometidos con la transparencia y la pronta solución de los hechos.” La controversia ha generado cuestionamientos sobre la gestión de Ecopetrol en un momento de presiones financieras y críticas hacia su administración.
Las autoridades locales y nacionales mantienen el seguimiento del caso, mientras se espera que se adopten medidas para mitigar los riesgos derivados de esta situación, en una vía clave para la economía petrolera regional y nacional. La recomendación a los usuarios es permanecer atentos a los informes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios por tramos donde la obra está en proceso.
