Durante seis días consecutivos, un grupo de más de 3.500 mineros ha obstaculizado la troncal a la costa Caribe y la vía al Nordeste de Antioquia mediante barricadas y árboles, en demanda de la suspensión de los operativos que destruyen su maquinaria. A pesar de los esfuerzos por negociar, el gobierno ha rechazado las exigencias de los mineros, lo que ha provocado una crisis humanitaria que afecta gravemente a los habitantes de la región.
La escasez de alimentos y los altos precios han dificultado el abastecimiento de bienes básicos, como una canasta de huevos que puede llegar a costar hasta 28.000 pesos, o una barra de salchichón que puede alcanzar los 23.000 pesos. Asimismo, los viajeros también han sufrido las consecuencias del bloqueo, ya que los corredores humanitarios no funcionan correctamente. Además, la situación ha llevado a la suspensión temporal de algunos servicios médicos, como las consultas externas y otros servicios en el hospital de Segovia, donde solo se han mantenido activas las áreas de urgencias.
A pesar de los esfuerzos para llegar a un acuerdo, las negociaciones se suspendieron. Los alcaldes de la zona del Bajo Cauca antioqueño se reunieron en un consejo de seguridad y acordaron solicitar al Gobierno Nacional la creación de una mesa ministerial que permita una salida negociada a la problemática minera. Sin embargo, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha sugerido que el paro está siendo infiltrado por grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según él, el Clan del Golfo es el responsable del trasfondo del paro y ha utilizado extorsión para lograr sus objetivos.
