📸 Cortesía: X US EMBASSY BOGOTÁ
¿Justicia en jaque tras el derribo en Amalfi?
Un silencio pesado cubre la vereda Los Toros, donde el amanecer del 21 de agosto de 2025 quedó marcado por un estruendo letal. Amalfi, en Antioquia, fue escenario de uno de los golpes más arteros contra la Policía Nacional en lo que va del año: un helicóptero antinarcóticos, donado por Estados Unidos, fue derribado con un dron explosivo mientras sobrevolaba una operación de erradicación manual de cultivos ilícitos. Trece uniformados murieron y cuatro resultaron heridos en ese ataque que ha dejado a una nación en duelo y una fuerza pública cuestionando sus estrategias.
Desde la mañana del jueves, la acción mortal del frente 36 de las disidencias de las FARC-EP —bajo el oscuro mando de alias Calarcá— mostró una capacidad de violencia y sofisticación no vista en la zona. El uso de tecnología bélica no convencional, combinado con un terreno sembrado de minas ilegales, hizo trizas las precauciones y protocolos que la Policía y Defensa habían implementado, según afirmó el ministro Pedro Sánchez. A pesar de contar con equipos antiexplosivos y antidrones, ni siquiera estas medidas pudieron frenar la emboscada que sentenció vidas y sembró incertidumbre.
A la tragedia se sumó la espera de los cuerpos en el Instituto Nacional de Medicina Legal, un espacio de vacío donde las familias aguardan la dolorosa identificación y el retorno de sus seres queridos. Mientras tanto, la evacuación de los sobrevivientes hacia centros médicos especializados en Montería y Bogotá revela el drama humano detrás del operativo.
En una muestra de cooperación internacional y de la gravedad con que se toma este atentado, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares para quienes faciliten información que permita cazar a los responsables. Una alianza que, sin embargo, abre preguntas inquietantes: ¿Será suficiente para desarticular grupos con tanta arraigada presencia y poder como el liderado por alias Calarcá? ¿Podrán las autoridades colombianas conjurar un clima que protege estas acciones atroces, o estaremos condenados a una escalada que erosiona la paz y la seguridad?
Por ahora, la operación judicial y militar apenas comienza y la ciudadanía observa con expectativa desde la sombra de incertidumbre. El daño va más allá del físico: golpea la confianza en el Estado y la sensación de que, en territorios como Amalfi, los límites entre la ley y la amenaza se desdibujan confusos. ¿Podrá la justicia emerger clara de este eco de violencia? La cuenta regresiva para la verdad y la reparación ya empezó, pero el camino promete ser largo y sinuoso.
