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¿Justicia restaurativa o impunidad conmemorada?
Este martes 16 de septiembre de 2025, en Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una condena inédita: ocho años de sanciones restaurativas para siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC, responsables de más de 21 mil secuestros y crímenes de lesa humanidad en medio del prolongado conflicto armado colombiano.
La sentencia, conocida como “macrocaso 001”, marca un hito en la justicia transicional del país. Lejos de privaciones de libertad, los condenados deberán cumplir con labores simbólicas y reparadoras: la búsqueda de personas desaparecidas, el apoyo al desminado humanitario, la rendición de informes para las víctimas, y la realización de programas radiales para reconstruir la memoria colectiva. Esta alternativa sancionatoria, inédita y polémica, busca catalizar una forma distinta de mirar la justicia en contextos de posconflicto.
Los siete sancionados -figuras emblemáticas y máximos dirigentes de las FARC que tras la desmovilización en 2016 incursionaron, algunos, en la política legal- incluyen nombres como Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, Pablo Catatumbo Torres y Pastor Alape, entre otros. Estos exguerrilleros, confrontados con una historia de violencia estructural y poder territorial, ahora se ven obligados a enfrentar la memoria y las consecuencias de sus actos mediante trabajos que buscan reparar, más que castigar con prisión.
Según la JEP, las FARC desplegaron tres patrones recurrentes de secuestro: la obtención de recursos económicos mediante rescates, la presión para canjes de prisioneros reteniendo a miembros de la fuerza pública y líderes políticos, y la utilización del secuestro como un instrumento de control social y territorial. El tribunal no dejó de lado los testimonios desgarradores sobre tratos crueles e inhumanos: marchas forzadas, privaciones esenciales y violencia sexual sistemática.
Las razones para esta decisión de evitar penas privativas de libertad están en la aceptación plena de responsabilidad por parte de los excomandantes y su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición – pilares de una justicia restaurativa que todavía genera divisiones en una sociedad que no olvida el sufrimiento de las víctimas. La justicia que propone la JEP obliga a preguntarse si es suficiente para quienes padecieron esa violencia o si, por el contrario, dilata un castigo que exige balances más duros.
Mientras Colombia transita la compleja senda de la reconciliación, esta condena abre la reflexión sobre los límites y posibilidades de una justicia que busca sanar heridas profundas sin caer en las lógicas clásicas del castigo. ¿Será este un paso hacia la reparación integral o un permiso para que la historia se diluya en las sombras de la impunidad? La respuesta, difusa y esperanzada, aún está por construirse.
