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¿Silencio obligado en la sala de juicio?
Este lunes 9 de junio de 2025, en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tropezó con un obstáculo inesperado: el exparamilitar Harlington Mosquera Hernández decidió no rendir testimonio.
El juicio, que alcanza ya las 53 jornadas, gira en torno a graves acusaciones contra Uribe por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Sin embargo, la sombra del miedo a represalias y la ausencia de garantías de seguridad llevaron a Mosquera a rehusar su declaración, un hecho que obligó a la defensa del exmandatario a desistir formalmente de su testimonio durante esta sesión.
El día comenzó con un mensaje firme del abogado defensor, Jaime Granados, quien condenó el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y, acto seguido, informó sobre la decisión de su defensa. Granados explicó que, a pesar de múltiples intentos por asegurar la comparecencia de Mosquera, este se negó reiteradamente a declarar, tanto de manera virtual como presencial, incluso tras comunicados oficiales del juzgado que requerían su participación.
Las razones están en las propias palabras del exparamilitar. En varias misivas dirigidas a la jueza Sandra Liliana Heredia, Mosquera detalló su temor fundado: “Por motivos de seguridad inminente” no asistiría. Narró que, tras desmovilizarse de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le ofrecieron una recompensa de 400 millones de pesos por su vida, pero nunca recibió protección efectiva. Sus solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia para medidas especiales quedaron sin respuesta, y el intento de obtener asilo mediante la Cancillería colombiana también fracasó. En sus cartas reivindica que la misma Constitución que exige su presencia en el tribunal le dio la espalda cuando más la necesitaba, dejando a él y a su familia expuestos frente a amenazas que aún persisten.
Este silencio impuesto no solo interrumpe la dinámica del juicio; revela un vacío en el sistema de protección que debería garantizar la integridad de quienes colaboran con la justicia en casos de alto impacto político y social. ¿Podrá una investigación avanzar con garantías suficientes, o seguirá erosionándose la confianza en el proceso cuando los protagonistas clave temen por sus vidas?
Mientras el proceso contra Uribe avanza hacia su etapa final, la incertidumbre persiste. La ausencia forzada de Mosquera plantea preguntas incómodas para la justicia colombiana y para toda la sociedad que observa expectante: ¿hasta dónde llegará la protección al testigo que puede esclarecer verdades incómodas? ¿Quién responderá por las sombras que se ciernen sobre la seguridad y la transparencia judicial? A partir de hoy, estas preguntas retumban más fuerte en la sala de juicio.
