📸 Imagen de referencia. Cortesía D.R.A.
¿SALUD MENTAL EN DISPUTA? UN JUEZ ORDENA MUÑECAS SEXUALES PARA PACIENTE EN BUCARAMANGA
Un fallo inédito que enciende debates.
Este lunes 24 de junio de 2025, en Bucaramanga, un juez emitió una orden a una Entidad Promotora de Salud (EPS) para proveer dos muñecas sexuales inflables a un paciente que alegó sufrir problemas de autoestima y afectaciones emocionales. La medida, conocida en los días siguientes, ha provocado una intensa polémica en el debate público colombiano.
Los hechos se originaron tras la presentación de una acción de tutela por parte del ciudadano interesado, quien argumentó que su derecho fundamental a la salud mental estaba siendo vulnerado por la falta de recursos que afectaban su estado emocional. El juez consideró que la entrega de las muñecas era una medida indispensable para garantizar ese derecho, según reportaron medios nacionales como RCN Radio y El Colombiano entre el 25 y 26 de junio.
La decisión desató inmediatas reacciones, entre ellas la del doctor Sergio Prada, directivo de la Clínica San Luis en Bucaramanga, quien calificó la orden judicial como un “abuso” del mecanismo de tutela. Prada expresó preocupación por el precedente que se establece, señalando que no comprenden cómo se priorizan estas medidas cuando “existen derechos fundamentales aún no garantizados”, en clara alusión a la dificultad persistente para acceder a citas médicas, tratamientos y especialistas dentro del sistema público de salud.
La crisis financiera del sistema es otro aspecto clave del panorama. Prada recordó las millonarias pérdidas sufridas por las clínicas tras la liquidación de EPS como Comparta, Medimás y Coomeva, que dejaron deudas significativas con prestadores de servicios en salud. “Hace tres años afrontamos pérdidas por $15 mil millones derivadas de la atención a pacientes de esas EPS. Salvamos vidas, especialmente de niños con cáncer, pero el Estado no respondió por esas obligaciones”, denunció el directivo.
En medio de este escenario, la tutela que dio origen a la controversial decisión revela las profundas tensiones entre derechos individuales y la capacidad estructural de un sistema endescabezado por la crisis y desigualdades. La ciudadanía se pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la justicia para garantizar la salud mental? ¿Y cómo equilibrar esta garantía con otras necesidades más urgentes y estructurales?
La incertidumbre persiste, y esta historia humaniza un debate que va más allá de la entrega de muñecas sexuales: pone en evidencia el vacío y la fragilidad de un sistema que lucha por sostener derechos fundamentales frente a múltiples crisis.
