📸 Imagen cortesía FECODE
[PARO MAGISTERIAL: VOCES DETENIDAS EN LAS AULAS]
Un miércoles sin campanas ni pizarras.
Bogotá, octubre 2025. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de 24 horas para el miércoles 30 de octubre, paralizando las clases en las escuelas públicas y convocando a movilizaciones en las principales ciudades del país. No se trata solo de un cese de actividades: es la expresión de un magisterio que reclama respuestas urgentes frente a múltiples carencias que erosionan su derecho a la salud y la educación que tanto defienden.
La historia, sin embargo, viene cargada desde hace años. Fecode denuncia que, aunque se han realizado pagos puntuales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el acceso a servicios médicos efectivos para docentes y sus familias se ha visto comprometido por fallas graves. Prestadores de salud suspenden atenciones o imponen tarifas desviadas de las oficiales, en clara contradicción con la Ley 91 de 1989 y el reciente Acuerdo 003 de 2024, que regulan sus derechos. La Fiduprevisora, encargada de administrar estos recursos, aparece al borde de la incertidumbre, incapaz hasta ahora de desmontar las barreras que vulneran la salud del magisterio.
En palabras de Fecode, “el paro no está dirigido contra el Gobierno Nacional, pero sí demanda mayor compromiso para garantizar el derecho a la salud de los docentes y sus familias. A la Fiduprevisora le exige actuar con decisión para eliminar los obstáculos que mantienen a los beneficiarios en la sombra”.
Pero la protesta también abre otra ventana a la crisis del sector público: la educación. El sindicato insiste en la necesidad de acelerar la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, el cual reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), con la esperanza de que los nuevos recursos asignados se inviertan primordialmente en fortalecer escuelas, servicios esenciales y la infraestructura educativa, especialmente en los municipios más rezagados.
Esta movilización no solo marca un día sin clases. Es una demanda por derechos dilatados, un llamado a que las instituciones no solo cumplan leyes, sino que escuchen a aquellos que educan mientras enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Entre aulas vacías y marchas multitudinarias, resuena una pregunta que atraviesa el país: ¿podrán las autoridades transformar estos reclamos en respuestas concretas o prevalecerá un sistema que sigue erosionando el tejido fundamental de educación y salud?
Mientras tanto, el 30 de octubre Colombia observará un país dividido, donde el silencio de las escuelas convive con la voz de quienes exigen justicia en calles y plazas. El reloj corre, y con él, la urgencia de un pacto que garantice el bienestar de su magisterio y, con ello, el futuro de su educación pública.
