📸 Imagen cortesía JOSEFINA VILLARREAL
¿Venta en la sombra del POT?
Una sombra sobre Medellín.
Medellín, abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación ha presentado formalmente una acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exfuncionarios de su gabinete y tres particulares, por la presunta manipulación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. El centro de la indagación: un lote conocido como Aguas Vivas, cuyo estatus de cesión gratuita habría sido alterado clandestinamente para abrir paso a una compraventa millonaria que superaría los 40.500 millones de pesos.
Los hechos, que abarcan desde febrero de 2020 hasta mayo de 2023, ocurrieron durante el mandato de Quintero. Según la Fiscalía, los acusados condujeron una serie de actos administrativos que aumentaron el avalúo del terreno y autorizaron usos urbanísticos prohibidos en el POT vigente, en lo que se vislumbra una posible apropiación indebida del suelo y el patrimonio público. Esta trama no solo afecta la legalidad, sino que pone en jaque la confianza ciudadana en la gestión urbana.
Entre los señalados destacan figuras clave del gobierno anterior: Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión Territorial; y Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario General. Los particulares implicados, poseedores del predio, son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.
La acusación formal incluye delitos graves como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Este episodio no es aislado; emerge en un marco más amplio de cuestionamientos sobre el manejo de bienes públicos y la planificación urbana en Medellín, ciudad pujante, pero cuando menos, vulnerable frente a sus propias estructuras de poder.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con inquietud: ¿cómo pudo ocurrir esta transformación furtiva del POT? ¿Qué responsabilidad asumirán quienes en teoría debían velar por el interés público? Y sobre todo, ¿qué garantías existen para que el manejo del territorio se traduzca en beneficio colectivo y no en un botín secreto? La investigación promete escudriñar estas preguntas en los próximos meses, con Medellín y su futuro urbano en juego.
