📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Ricardo Roa. Imagen de referencia
¿Contrato blindado?
El silencio que no esperaban.
Este lunes 25 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación anunció el archivo definitivo de la investigación sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de transporte aéreo en la petrolera estatal.
El caso, que venía macerándose desde 2011 tras denuncias de Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), apuntaba a un posible direccionamiento de contratos que habría beneficiado exclusivamente a Helistar, otra empresa del sector aeronáutico. Helicol alegaba su exclusión sistemática de los procesos, lo que no sólo afectó su estabilidad financiera sino que también, según sus denuncias, pudo haber provocado una concentración monopólica que cercenó la libre competencia entre 2011 y 2024.
Sin embargo, tras un largo análisis de documentos y testimonios, la Fiscalía concluyó que no existen méritos jurídicos ni pruebas contundentes para continuar con la indagación contra Roa. En su resolución, se afirma que “no se observa que la actuación del presidente de Ecopetrol fuera contraria a los principios de igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad y selección objetiva”. Tampoco se hallaron indicios de acuerdos ilícitos para favorecer a Helistar o de estrategias para construir un monopolio dentro de los contratos aéreo-empresariales vinculados a la petrolera.
La Fiscalía enfatiza que mantener la investigación solo prolongaría la congestión judicial sin aportar resultados, por lo que ordenó su cierre definitivo. Este desenlace pone fin a uno de los capítulos más sensibles bajo la administración actual de Ecopetrol, pero también deja una pregunta latente: ¿hasta qué punto la ausencia de sanciones significa transparencia real, o simplemente una elusión estratégica ante la complejidad de la contratación pública en sectores tan vitales como el energético?
Mientras tanto, en los pasillos de la industria y en la memoria de quienes cuestionaron estas prácticas, permanece un vacío incómodo, un apagón de respuestas que resuena más fuerte que cualquier vuelo suspendido. ¿Podrá la justicia, en futuras ocasiones, escudriñar sin ceguera ni demoras las sombras que se ciernen sobre la contratación estatal?
