Cortesía UNP
La Fiscalía retira imputación contra director de la UNP por caso Miguel Uribe Turbay
Este lunes 19 de enero de 2026, la Fiscalía general de la Nación retiró la imputación contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La dependencia informó que la solicitud inicial, que fue oficializada el mismo día, se retiró debido a un conflicto de competencia procesal, pues el caso está en manos de un Grupo de Tareas Especiales conformado en junio de 2025.
La imputación, gestionada por la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública en Bogotá, señalaba al director de la UNP por presunto prevaricato por omisión al no atender 23 solicitudes de refuerzo a la seguridad de Uribe Turbay durante 2025. En el momento del atentado, ocurrido en el parque El Golfito en la localidad de Fontibón, el exprecandidato tenía a su disposición apenas tres escoltas de la UNP y cuatro policías, detalle que favoreció que el atacante se acercara a menos de dos metros para ejecutarlo.
Según explicó la Fiscalía, la competencia corresponde a un grupo especial conformado tras resolución del 19 de junio de 2025, bajo instrucciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo, unidad que reúne y dirige la investigación de los hechos relacionados con este caso. Por eso, para evitar nulidades, se retiró formalmente la imputación y se trasladó todo el material probatorio al equipo técnico de ese grupo de tareas.
El domingo la Fiscalía informó que el próximo miércoles 21 de enero se realizará una reunión técnica entre el Grupo de Tareas y la fiscal 295 para analizar la evidencia que el representante legal de la familia Uribe Turbay ha entregado, e identificar con precisión si hubo omisiones relevantes por parte de la UNP en el pedido inicial de reforzamiento en seguridad durante el proceso preelectoral.
Rodríguez Ballesteros, quien ha tenido cercanía con el presidente Gustavo Petro, aseguró que el esquema asignado a Uribe Turbay era «robusto» y consistía en siete escoltas y dos vehículos blindados, superior al de otros congresistas, aunque admitió que luego del atentado reconoció que no fue suficiente debido a la especial condición del precandidato. Además, aseguró que no recibió solicitudes formales de fortalecimiento del esquema sino solo de acompañamientos en viajes y confirmó que se enteró de la imputación por informes periodísticos.
Ante esta situación, las autoridades destacaron que se espera avanzar en la investigación coordinada para esclarecer el caso final y evitar dobles procesos que retrasen la justicia. La Fiscalía confirmó además que el expediente permanece abierto y a disposición de la justicia para nuevas imputaciones. La Alcaldía de Bogotá y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo mantienen alerta sobre la seguridad de otros candidatos y familiares cercanos damnificados, evitando dudas en esquemas de protección similares a lo sucedido con Uribe Turbay.
Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos internos tanto en la Fiscalía como en la UNP para una óptima coordinación y prevención de situaciones ineficaces que afecten la protección de líderes políticos y las garantías del debido procedimiento.
