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La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medida de aseguramiento con detención domiciliaria para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, investigados por un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que habría desviado más de 612.000 millones de pesos. La solicitud fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que la libertad de los exfuncionarios representa un riesgo para la sociedad y podría entorpecer la investigación.
La audiencia de imputación se realizó el 1 de diciembre de 2025 y los cargos incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la fiscal María Cristina Patiño, Velasco y Bonilla lideraron una organización criminal que operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024, coordinando la manipulación de contratos públicos y garantizando respaldos legislativos para las reformas del gobierno. Durante este periodo se rechazaron 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías por un valor total de 571.000 millones de pesos y cinco de la UNGRD que sumaron 40.500 millones, entre los cuales sólo siete fueron ejecutados.
La Fiscalía detalló que el mecanismo del esquema delictivo consistió en obtener apoyos políticos entregando contratos cuyo financiamiento provenía del erario público, práctica evidenciada en proyectos para municipios de Córdoba firmados entre 2021 y 2022, que recibieron adiciones presupuestales en 2023 y 2024. Un momento clave fue la reunión del 18 de septiembre de 2023 en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se pactaron gestiones para favorecer solicitudes del senador Julio Elías Chagüi, principalmente en esa región.
Los exministros negaron los cargos durante la audiencia. Ricardo Bonilla afirmó ser inocente y aseguró que en su carrera no ha manejado recursos obtenidos por actos ilícitos, mientras Luis Fernando Velasco cuestionó la veracidad de los testigos que han asumido delitos a cambio de beneficios judiciales, calificándose como víctima dentro del proceso penal.
El próximo debate, en el que se escucharán los alegatos de defensa, quedó programado para el 15 de diciembre de 2025, y la decisión final sobre la detención domiciliaria será comunicada el 18 de diciembre en la mañana. Ante esta emergencia judicial, la Fiscalía mantiene abierto el proceso, que representa uno de los casos de corrupción más significativos en el país, por lo que hace un llamado a las autoridades para avanzar con celeridad y transparencia.
