D.R.A
La Fiscalía abre investigación por presuntos vínculos entre militares y disidencias de las FARC en Antioquia
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de nuevas investigaciones por posible relación entre militares, organismos de inteligencia y disidencias de las FARC lideradas por alias “Calarcá” en el departamento de Antioquia. La decisión fue tomada luego de recibir un informe técnico elaborado por la Dijín, tras un operativo militar realizado en julio de 2024 en Anorí.
El informe forense, realizado a lo largo de 16 meses, analizó dispositivos electrónicos decomisados a los presuntos implicados. Se habría encontrado información de máxima gravedad sobre acuerdos ilícitos entre funcionarios públicos y grupos criminales, financiación irregular de campañas políticas, amenazas contra la seguridad nacional y la creación de empresas fachada al servicio de estructuras delictivas en la región. Estas acciones ponen en entredicho el control institucional y generan alarma en los organismos de seguridad del país.
“Estamos comprometidos con la clarificación y persecutoría de estos hechos que afectan la institucionalidad”, explicó Luz Adriana Camargo, fiscal general, que además ordenó al delegado contra la Criminalidad Organizada intensificar las investigaciones. Entre las medidas adoptadas, se enviaron copias del proceso a la Corte Suprema de Justicia para verificar la conducta del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien es señalado por presuntas colaboraciones ilegales con este grupo armado.
Los documentos incautados vinculan también a Wilmar Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien se le atribuye la estructuración de empresas de seguridad ficticias para favorecer a las disidencias ilícitas. Estos hechos muestran que el grupo criminal pudo obtener información reservada y evitó operativos mediante métodos clandestinos, lo que afecta el orden público y la paz regional.
El operativo en julio de 2024 capturó al líder disidente Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá”, junto a directivos importantes del frente 36. No obstante, varios sospechosos no fueron detenidos por disposiciones de la Ley de Paz Total vigente, diseñada para facilitar diálogos nacionales, con excepciones para ciertos delitos. La Fiscalía resaltó que actúa con la urgencia necesaria para proteger a la comunidad y recomienda a la ciudadanía seguir atenta a informes oficiales y cumplir las instrucciones.
La investigación ha generado fuerte debate político y solicitudes de transparencia frente a los tiempos y procedimientos que ha tomado el procesamiento de evidencia judicial. Mientras, el Ministerio de Defensa asegura cooperación plena en este caso que impacta la seguridad institucional y pone en riesgo esfuerzos de paz, ante un recrudecimiento de la violencia en zonas afectadas de Antioquia y otros departamentos. Las autoridades judiciales continúan las labores para garantizar justicia y evitar la infiltración criminal en las estructuras públicas del país.
