📸 Imagen cortesía
¿Vigilancia en jaque?
Este lunes 3 de junio, la Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo Cardoso, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y actual presidente de ISA, por presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia superior a los 73.700 millones de pesos.
El caso gira en torno al contrato CRW251772 de 2023, destinado a la prestación de servicios de seguridad privada para el Grupo EPM. Según la investigación disciplinaria, Carrillo habría incurrido en interés indebido en la celebración del contrato, una falta grave calificada con dolo. La controversia nace porque el exfuncionario habría aceptado la oferta de Suportuno Servicio Limitada, empresa que incumplió en dos ocasiones un requisito habilitante esencial. Sin embargo, dicha deficiencia habría sido subsanada tardíamente por funcionarios internos de EPM, lo que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad del proceso.
El trasfondo revela la participación directa de Andrés Felipe Uribe Mesa, entonces vicepresidente de Riesgos de EPM, quien presuntamente ordenó modificar el análisis técnico para reintegrar a Suportuno como oferente eliminado inicialmente por incumplimientos. Además, gestionó ante una aseguradora la obtención de un certificado que corrigió irregularmente las fallas del documento original, marcando una zona gris entre la legalidad y la manipulación administrativa. La Personería, a través de la delegada Yenny Teresita Serna, sostiene que estas acciones constituyen una grave vulneración del debido proceso.
Este episodio sacude la confianza en la gestión de EPM y plantea preguntas inquietantes: ¿cuánto pesan los intereses personales en la adjudicación de contratos millonarios en entidades públicas? ¿Hasta qué punto las sombras burocráticas pueden erosionar la transparencia y la justicia en la contratación estatal? Mientras la investigación avanza, la ciudadanía observa expectante, aguardando que la institucionalidad esclarezca no solo las irregularidades puntuales, sino también el entramado que las permitió. La justicia enfrenta ahora el reto de arrojar luz sobre un caso que revela, en esencia, el delicado equilibrio entre poder, ética y control en la administración pública. ¿Será este un paso hacia la rendición de cuentas o una nueva página en el libro de las impunidades?
