📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Armando Benedetti
¿Premios sin pruebas?
Este martes 23 de septiembre de 2025, la Fundación de Educación Superior San José se ve inmersa en una crisis que sacude los cimientos mismos de su credibilidad.
La polémica estalló cuando una denuncia pública puso en jaque la legalidad de un título profesional vinculado a la futura viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero. Según la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, Guerrero habría recibido su diploma de contadora pública sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito indispensable en Colombia para la obtención de grados universitarios. La confirmación oficial del Ministerio de Educación, que no encontró registro alguno de Guerrero en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), intensificó las dudas sobre la autenticidad del proceso de titulación.
Frente a este golpe, la Fundación no tardó en reaccionar. El 22 de septiembre, anunció la destitución con justa causa de su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, junto con la suspensión de su equipo más cercano. La institución abrió una investigación interna con el propósito de esclarecer los hechos y enviar una señal clara de transparencia y responsabilidad a su comunidad educativa y al público general. Francisco Pareja, representante legal de la Fundación, admitió ante medios que pudo existir una omisión al no exigir el cumplimiento riguroso de las normativas académicas, especialmente en lo relativo al examen Saber Pro. Este análisis institucional buscará determinar si hubo un patrón estructural que facilitara irregularidades semejantes.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación, a través de su ministro Daniel Rojas Medellín, confirmó que la investigación seguirá su curso, y advirtió que no se tolerarán fraudes que erosionen la confianza en el sistema de educación superior. La sombra de un posible fraude académico coloca en entredicho no solo a la Fundación San José, sino también a un entramado político que ahora debe aclarar cómo solicitar y otorgar títulos sin las garantías básicas de transparencia y legalidad.
El caso plantea preguntas inquietantes: ¿Cuánto se ha dilatado esta práctica? ¿Qué garantías existen para quienes confían en el prestigio de sus diplomas? Y, sobre todo, ¿podrá la Fundación —y la justicia académica en Colombia— restablecer la credibilidad perdida en medio de tantas sombras? Porque el vacío institucional que deja esta crisis no solo afecta a quienes estudiaron allí, sino a la sociedad misma, que reclama a gritos transparencia y responsabilidad.
