Cortesía D.R.A
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó este lunes 24 de noviembre la intervención del gobierno de Estados Unidos tras revelarse presuntos vínculos entre el cabecilla de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz alias «Calarcá», altos mandos del Ejército y directivos del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). La denuncia se conoce luego de que Noticias Caracol publicó documentos e informes reservados que la Fiscalía mantuvo archivados por más de 16 meses sin avanzar en las investigaciones.
La captura de Calarcá se registró el 23 de julio de 2024 durante un operativo militar entre Barbosa y Porcesito, municipios del norte antioqueño. En la acción fueron incautadas armas, dinero y se rescató un menor reclutado ilegalmente por la estructura criminal. Sin embargo, poco después, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación del líder y otros disidentes bajo el argumento de que eran «gestores de paz». Este hecho impidió que la justicia adelantara la judicialización a pesar de las pruebas en flagrancia.
Rendón responsabilizó a la Fiscalía y al presidente Gustavo Petro por una decisión política que generó «una sombrilla de impunidad», mientras remarcó que su gobierno alzó la voz desde hace un año para denunciar actividades ilegales de Calarcá en Antioquia. Este vacío institucional permitió la consolidación de una red criminal con supuestos nexos en las Fuerzas Militares y la inteligencia estatal. Entre los implicados mencionados están el general Juan Miguel Huertas, acusado de gestionar una empresa de seguridad fachada, y Wilmar Mejía, directivo del DNI y representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, cuya renuncia ha exigido el gobernador.
Con base en estos hechos, Rendón hizo un llamado para que los funcionarios involucrados, incluidos la fiscal Camargo y Mejía, sean sancionados incluso a nivel internacional. Pidió que sean incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros actúa contra quienes financian actividades ilícitas. Además, convocó a la comunidad universitaria a respaldar la salida de Mejía, alertando sobre el riesgo de «cooptación institucional» en esa institución.
Frente a la polémica, el Ministerio de Defensa abrió una investigación y alertó que “la cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”, reafirmando que la eventual participación de empleados públicos en actividades ilegales será rigurosamente sancionada. Sin embargo, la Fiscalía y funcionarios aludidos no han emitido respuesta pública sobre la información presentada.
Finalmente, el gobernador señaló que durante casi dos años, en Antioquia no se ha registrado ningún bombardeo contra las Farc o el ELN, «a diferencia de las acciones efectuadas contra el Clan del Golfo». Esta situación refuerza las críticas sobre presuntas infiltraciones de grupos armados al interior del Estado y agrava la crisis institucional en un momento en que la violencia se endurece en el país.
La Alcaldía y otras autoridades permanecen atentas ante esta emergencia y recomendó a la ciudadanía seguir pendientes de los comunicados oficiales y evitar exponer al Seguridad Estatal mientras se avanza en las investigaciones.“Estamos haciendo seguimiento permanente para mitigar cualquier afectación a la orden público en la región”, concluyó Andrés Julián Rendón.
