Cortesía Gobernación de Antioquia
La Contraloría de Antioquia imputó cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón por presunto detrimento patrimonial de 26.186 millones de pesos en un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño. Los hechos se relacionan con su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019 durante la ejecución del proyecto.
La imputación se dio a conocer el 30 de diciembre de 2025 y está basada en irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) e Indeportes, promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). Esta contratista buscaba conectar municipios como Rionegro y Marinilla con una red de ciclorrutas con una inversión adelantada cercana a los 25.000 millones. A pesar de desembolsos efectuados a las firmas Ingecon e IDC, las obras no se terminaron de acuerdo con lo pactado, tras evidenciarse fallas en planeación, etapa precontractual y adquisición de predios, según el análisis técnico de la Contraloría.
Además del gobernador Rendón, las pesquisas incluyen a Rodrigo Hernández, gerente actual de Viva, exgerentes y siete exfuncionarios de Indeportes, la empresa Construcciones e Inversiones SAS, y la aseguradora AXXA. La imputación indica el inicio de la fase probatoria para aclarar el posible daño al patrimonio público, sin determinar culpabilidad.
El gobernador se pronunció calificando la decisión como un “acto de trasfondo político” y pidió la nulidad. Afirmó que el proceso fue “inatento y a menos de tres días para que la Contralora deje su cargo”, señalaron que las fallas habrían correspondido a la actual administración, y que esta medida respondía al rechazo por ventanas para nombramientos dentro de la Contraloría.
Organizaciones ciudadanas como la Veeduría al Central Park en Bello habían reportado atrasos e irregularidades vinculadas a problemas en la compra de terrenos hace más de cinco años. La investigación avanzó con colaboración de la Contraloría General de la República y algunos cargos se integraron a una investigación penal por parte de la Fiscalía. Esta causa se suma a otras denuncias contra Rendón relacionadas con irregularidades en centros de policía de Rionegro, con un daño estimado en 1.270 millones.
El caso divide la responsabilidad entre gestiones pasadas y actuales, mientras continúa el proceso fiscal en Antioquia y se aguarda avance en las investigaciones generales. La comunidad está atenta a eventuales impactos y se recomienda seguir los comunicados oficiales para futuras actualizaciones.
