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¿Seguridad a medias en Antioquia?
Este sábado 12 de julio de 2025, en medio de la creciente tensión por la seguridad en Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó una crítica contundente al presidente Gustavo Petro.
La razón del malestar es una crisis financiera que, según Rendón, está erosionando la operatividad de la fuerza pública en uno de los departamentos más golpeados por la violencia. Con un presupuesto para 2025 aprobado en 33 billones de pesos para toda la fuerza pública colombiana, la realidad es más cruda: casi un billón de pesos (921.000 millones) permanecen congelados por la crisis fiscal nacional. El Ejército, por ejemplo, solicitó 22 billones, pero sólo recibió 12, lo que ha obligado a reducir en un 43% la capacidad operativa de divisiones y brigadas. Antioquia, por su ubicación estratégica y conflictos internos, se siente especialmente afectada.
Ante esta aridez presupuestal, la administración departamental ha tenido que asumir gastos que corresponden al gobierno nacional. Rendón denunció en su cuenta de X que “su Gobierno no les da ni papelería, ni lapiceros, los antioqueños se los damos”. El gobernador explicó que han destinado fondos propios para gasolina, botas, chalecos antibalas, alimentación y alojamiento de soldados y policías, gastos que no solo representan una carga económica sino un claro síntoma de la falta de respaldo desde Bogotá.
Además, se ha implementado la tasa de seguridad departamental, una medida que busca recaudar cerca de un billón de pesos en dos años y medio para mejorar la infraestructura y fortalecer la capacidad de reacción de la fuerza pública. Asimismo, se crearon los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empas), equipados con tecnología y vehículos para los 125 municipios, en un intento por suplir las falencias que genera la crisis fiscal.
Este cuadro sombrío acontece en un contexto de incremento en las actividades de grupos armados ilegales, que aprovechan la fragilidad estatal para expandirse. Aunque cifras precisas aún no se han divulgado, el clamor es claro: la seguridad de los antioqueños se sostiene con el esfuerzo local ante la ausencia del respaldo nacional.
¿Podrá el departamento mantener la seguridad sin una respuesta concreta del gobierno central? La incertidumbre persiste mientras la ciudadanía aguarda una gestión que se traduzca en protección efectiva y compromiso real, más allá de las transferencias incompletas y los recursos congelados. ¿Quién responderá por la seguridad que el Estado parece delegar a sus regiones?
