📸 Imagen cortesía: Jorge Emilio Rey Ángel. Gobernador de Cundinamarca
¿Quién detiene la caída?
Este sábado 20 de septiembre de 2025, mientras el sol recalentaba la accidentada vía Bogotá–Villavicencio, la emergencia por los derrumbes en el sector de Chipaque continuaba sin resolver. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, alzó la voz para exigir que el Gobierno Nacional tome control directo y coordine una respuesta decisiva ante un problema que ya supera las capacidades locales.
El corredor vial, vital para conectar la capital con los Llanos Orientales, ha estado paralizado por más de dos semanas. La movilidad se encuentra seriamente restringida; los vehículos enfrentan represamientos que superan las 12 horas, convirtiendo un trayecto esencial en una odisea llena de incertidumbre y riesgo. En el epicentro del último deslizamiento, el kilómetro 18+600, Rey constató personalmente que la montaña no ha recibido los mantenimientos ni las obras de contención indispensables. Sin esas intervenciones, la tierra sigue derramándose hacia el río Une, a más de 400 metros del cauce, aumentando el peligro de futuros deslizamientos.
La crisis evidencia un vacío institucional inquietante. El gobernador no dudó en señalar al concesionario Coviandina, encargado del tramo vial, como responsable del abandono de los pozos de abatimiento, canales de aguas y monitoreos técnicos fundamentales para la estabilización. Más grave aún, el contrato de concesión no incluye la atención de estas zonas inestables, dejando en el limbo la responsabilidad entre la empresa y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La incertidumbre pesa tanto como la tierra inestable: ¿Quién finalmente asumirá las obras y el mando de la emergencia?
“El Gobierno Nacional debe asumir el control y coordinación de esta emergencia que sobrepasa cualquier capacidad de las entidades territoriales”, urgió Rey, reclamando también un cronograma claro para regresar la normalidad y liberar un corredor que no solo mueve mercancías, sino también vidas y esperanzas.
Mientras tanto, la región sufre pérdidas económicas y sociales incalculables. Los relatos de familia y comercio atrapados en largas filas, de campesinos con productos perecederos en riesgo y de comunidades aisladas recuerdan que este no es solo un problema de infraestructuras, sino un quebranto humano que exige una acción urgente y transparente.
En este escenario, queda una pregunta abierta para las autoridades y para la sociedad: ¿Podrá la gestión pública salir de este círculo de dilación y vacíos, o seguirá la tierra deslizándose sin responsables claros que la contengan?
