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Gobierno avanza en acuerdo condicionado con estructuras criminales en Itagüí a pesar de renuncia de vocero clave
En las últimas horas, la Mesa de Paz Urbana en la cárcel La Paz de Itagüí informó sobre avances en un acuerdo condicionado con representantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, pese a la renuncia de un vocero clave en el proceso. Este acuerdo se presenta como un paso previo a un pacto definitivo que busca mitigar la violencia en la región.
El lunes 9 de febrero se llevó a cabo una rueda de prensa donde delegados del Gobierno nacional y cabecillas de bandas como Los Chatas, El Mesa, Belén y Pachelly anunciaron este mecanismo transitorio. Según Isabel Zuleta, delegada gubernamental en la mesa, el acuerdo incluye compromisos mínimos en reducción de violencias, desactivación de estructuras armadas, transformación de economías ilegales por actividades legales, dignificación de víctimas y prevención de nuevos ciclos violentos en torno a 45 barrios de Medellín y Bello donde se ya ejecuta un piloto de no extorsión.
“No estamos hablando de un acuerdo final, es un acuerdo condicionado y depende de aprobaciones en el Congreso. Habrá firma formal y un entendimiento que toda la nación conocerá”, manifestó Zuleta, quien resaltó que esta iniciativa continúa el diálogo sociojurídico iniciado en junio de 2023 y está sujeto a cambios normativos necesarios para su implementación. La firma final se prevé antes de que termine el actual gobierno.
El proceso está alineado con la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, enfocada en escenarios urbanos afectados por conflicto, aunque enfrenta críticas. Freyner Alfonzo Ramírez, conocido como Carlos Pesebre y vocero principal, renunció el 31 de enero denunciando falta de claridad, garantías para los líderes sociales y riesgos para familias, calificando el proceso como en punto muerto por informalidad. Pesebre destacó algunos logros, entre ellos la reducción de homicidios de 463 a 437 casos en la región durante 2025.
No obstante, la Policía Metropolitana reportó un aumento del 5 % de homicidios en Medellín con 325 casos, atribuidos principalmente a riñas y al aumento de hurtos y no a confrontaciones entre bandas. Esto alimentó las rejergas políticas que critican la mesa, como el alcalde Federico Gutiérrez, quien sostuvo que dichos beneficios eran una entrega a la delincuencia y atribuyó mejoras a sus programas conjuntos con Policía y Ejército. El debate también incluyó opiniones de concejales que rechazaron ventajas para líderes criminales.
Ante este escenario, Zuleta defendió el avance del proceso asegurando que la paz tiene altibajos y no otorga beneficios automáticos, sino que busca resultados efectivos en la estabilidad del Valle de Aburrá. El llamado a la comunidad y organismos involucrados es mantener la vigilancia y fortalecer las iniciativas dirigidas a la disminución sostenible de la violencia y la prevención de nuevos conflictos relacionados con estas estructuras.
