📸 Cortesía: Colprensa
¿DIÁLOGO CON SOMBRAS?
Este sábado 28 de junio, el Gobierno nacional confirmó que la senadora Isabel Zuleta gestionó el traslado formal de nueve cabecillas de estructuras criminales para asistir a un evento público del presidente Gustavo Petro en Medellín, el pasado 21 de junio en La Alpujarra.
La noticia abrió un espacio de reflexión en torno al alcance y los límites de las estrategias de paz que se intentan implementar en una ciudad marcada por la violencia. Pero, ¿qué motivó esta acción? ¿Cómo se justificó? Y ¿qué implicaciones tiene para la confianza ciudadana?
Desde la Consejería Comisionada de Paz y la Delegación de Paz Urbana, se explicó que Zuleta, en su rol de coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, tiene la facultad legal para establecer contactos con miembros de estas estructuras que manifiesten intención de acogerse al Estado de Derecho. En palabras oficiales, está autorizada para “realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas” con quienes demuestren voluntad de cambio.
La gestión concretó una solicitud dirigida directamente al director del INPEC, encargado de la custodia y vigilancia de los privados de la libertad. Tras evaluar la petición, esta entidad autorizó el traslado y dispuso los dispositivos de seguridad correspondientes, siguiendo los procedimientos vigentes establecidos en las Resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023, 094 del 8 de abril de 2025 y 452 del 8 de noviembre de 2024, además del marco normativo vigente de la ley 2272.
Así, la administración respaldó la actuación de Zuleta, resaltando que la solicitud fue conforme a las funciones oficiales de su cargo y dentro del marco de la ley. Sin embargo, para muchos, el hecho se traduce en un vacío perturbador: ¿qué implica permitir la presencia de estas figuras en un acto público del jefe de Estado? ¿Puede la conversación con el Estado legitimar también espacios sombríos que erosionan la confianza social?
Más allá de la legalidad formal, la ciudadanía queda ante un paisaje complejo, donde el anhelo de paz choca con las heridas del pasado y el presente criminal. La pregunta que permanece es si este tipo de gestiones lograrán traducirse en transformaciones reales o si solo prolongarán la incertidumbre y la desconfianza.
