El Gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo legal mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de 249.095 pesos,
beneficiando a alrededor de 2,4 millones de trabajadores que devengan el mínimo en Colombia.
La medida se tomó a través del Decreto 1469 de 2025 emitido el 29 de diciembre, consequentemente después de que fracasara la concertación tripartita entre el Gobierno, sindicatos y gremios empresariales para definir el incremento salarial del próximo año. El aumento corresponde a un 23 %, el más alto en los últimos años, superando los 1.423.500 pesos vigentes para 2025.
Este ajuste salarial no solo considera la inflación y la productividad sino que responde a análisis basados en salarios internacionales que cubran las necesidades básicas de familias integradas por tres a cuatro miembros, con uno o dos asalariados. De acuerdo con el presidente Petro, el incremento busca cerrar la brecha de suficiencia material de los hogares colombianospona fundamento en la Constitución para asegurar una remuneración digna y combatir la desigualdad, a la vez que impulsa la reactivación económica del país para 2026.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas de los sectores empresariales. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) calificó el decreto como “unilateral y populista”, señalando que podría ocasionar un gasto público adicional de hasta 9 billones de pesos en medio de un presupuesto que ya presenta un déficit de 16 billones para el próximo año. Por su parte, Fenalco lo tildó de “burla institucional” y la Sociedad de Agricultores de Colombia hizo enfásis en el alto nivel de informalidad laboral (13,6 millones de colombianos, según el Dane de octubre de 2025), lo que podría afectar aún más el empleo formal y la inversión debido a la subida de la tasa de interés de política monetaria que actualmente está en 9,25 % y que podría superar el 10 %.
El decreto aplica a nivel nacional desde el 1 de enero de 2026, afectando a los sectores público y privado. El incremento impactará en costos asociados como cobros en salud, contribuciones para servicios públicos, primer insumos misceláneos, vivienda de interés social, así como multas de tránsito y otros pagos indexados al salario mínimo.
El gobierno defiende la medida como una justicia social postulada para mantener el poder adquisitivo de los más vulnerables, mientras que analistas financieros advierten sobre posibles presiones inflacionarias y varianzas financieras. Adicionalmente ya se anunció una demanda ante el Consejo de Estado por presuntas falencias técnicas tala base legal del decreto. El caso incide en cumplir con lo estipulado en la Ley 278 de 1996 exigencia tomar en cuenta indicadores oficiales de inflación, proyecciones económicas y productividad.
La medida se da en un escenario marcado por elevadas tasas de informalidad, recurrentes desafíos en las finanzas públicas y un contexto donde la controversia seguirá vigente por sus eventuales repercusiones económicas mayor presencia legislative inmediata.
La administración y gremios económicos mantienen activa la vigilia sobre los impactos que traerá este nuevo salario mínima nacional para todo tipo de sectores laborales en Colombia a partir del nuevo año.
