Gobierno colombiano declara emergencia económica para recaudar 16 billones de pesos en 2026
En la última semana, el Gobierno de Gustavo Petro firmó un decreto que declara la emergencia económica, social y ecológica con el fin de recaudar cerca de 16 billones de pesos y cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso.
El decreto, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, permite legislar temporalmente para enfrentar una perturbación grave del orden económico. Incluye seis medidas tributarias, entre ellas el aumento del impuesto a los movimientos financieros del 4 por mil al 5 por mil para el próximo año; la reactivación del impuesto al patrimonio para personas con patrimonios iguales o superiores a aproximadamente 2.000 millones de pesos, con tarifas hasta del 5 por ciento; nuevos impuestos a licores, cigarrillos y vapeadores; ajustes en el IVA para juegos de azar en línea; además de un gravamen del 1 por ciento sobre la extracción, primera venta y exportación de petróleo y carbón para las empresas más grandes.
El presidente Gustavo Petro lideró la firma del decreto puntualizada el 18 de diciembre en Bogotá, acto que contó con la presencia de todos los miembros del gabinete ministerial. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el propósito es recuperar los recursos perdidos tras la caída de la ley de financiamiento, igual a 16 billones de pesos, y advirtió que sin esta jornada podrían producirse recortes significativos en el gasto público y la ayuda social. Armando Benedetti, ministro del Interior, afirmó que las cargas fiscales apuntan exclusivamente a los sectores con mayores ingresos, evitando afectar a las familias vulnerables.
La declaratoria positiva responde a un contexto fiscal complejo que deja un vacío de ingresos tras la no aprobación de la reforma tributaria, poniendo en riesgo la financiación estatal para el próximo año. Según las autoridades, las medidas tendrán vigencia durante 2026, pero están sujetas a revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que determinará si se ajustan al concepto de emergencia invocado para justificar la norma. Expertos y sectores empresarios han expresado reservas sobre esta medida, argumentando que el déficit fiscal es estructural y conocible con anticipación.
Ante esta situación, la Policía mantiene un seguimiento riguroso sobre el desarrollo del decreto y sus impactos fiscales, sin que hasta la fecha se reporte rechazo en entornos populares. La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales respecto a futuras disposiciones y respondió que implementará vigilancia sobre la ejecución de recursos una vez se publique oficialmente la normatividad.
