📸 Cotersía: @MinAgricultura
Este martes 15 de julio de 2025, en Ipiales (Nariño), la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció una ofensiva interinstitucional contra el contrabando de arroz en la frontera con Ecuador. El impulso surge en medio de un paro nacional indefinido convocado por cultivadores que denuncian el ingreso irregular del cereal y sus graves consecuencias para el sector.
Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos intensivos de control y vigilancia. La DIAN, el ICA, el Invima, la Policía Fiscal y Aduanera y el Ejército Nacional, coordinados, inspeccionan el Puente Internacional de Rumichaca, los principales corredores viales, centrales de abasto, molinos y bodegas. La vigilancia no solo se limita a Nariño, sino que se extiende a otras zonas críticas donde persiste el contrabando agrícola. Su objetivo es claro: identificar rutas ilegales, verificar la procedencia y legalidad del arroz en el mercado y levantar registros de proveedores, en colaboración con gremios y gobiernos locales.
La protesta de los arroceros, que exige soluciones ante la crisis de precios, apunta directamente al contrabando, incluido el llamado “contrabando técnico” —reempaquetado para ocultar su origen—, que erosiona la competitividad y pone en jaque la sostenibilidad del cultivo nacional. Aunque las importaciones legales cayeron un 76% en 2025, el laboratorio del fraude permanece activo, según voceros del Ministerio de Agricultura, que advierten una amenaza latente y creciente.
“Es imprescindible evaluar y fortalecer los mecanismos de control para proteger a nuestros productores”, afirmó Carvajalino, mientras productores y autoridades intentan construir una respuesta conjunta frente a un problema que desborda las fronteras y pone en jaque la economía campesina.
