📸 Cortesía: Mauricio Alvarado – Colprensa
El Gobierno declara nueva emergencia económica para enfrentar crisis climática en Córdoba y varios departamentos
En las últimas horas, el Ejecutivo anunció la declaración de una nueva emergencia económica destinada a atender la crisis climática que desde hace semanas azota a Córdoba y otras regiones, donde las inundaciones han afectado a más de 58.000 familias. El Ministerio de Hacienda propone habilitar recursos por 8 billones de pesos para mitigar el impacto social y económico.
El tributo que se plantea es un impuesto al patrimonio exclusivamente para empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, aproximadamente 10.400 millones de pesos. La tarifa contemplada tiene una tarifa progresiva: 0,6 % hasta los 600.000 UVT y 1,2 % para patrimonios superiores a ese límite. Con esta medida, que entraría en vigencia próximamente, serían alrededor de 15.000 compañías en todo el país las que estarían sujetas al gravamen.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, informó que «el Gobierno no puede paralizarse frente a la presente crisis climática y debe buscar caminos alternativas para obtener recursos adicionales que se requieren». Esta declaración sería la cuarta emergencia económica explorada durante la actual administración.
La mecánica propuesta desató críticas inmediatas del sector privado, que advierte sobre un potencial castigo a la inversión y el empleo. José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cuestionó “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad y más inversión, si la respuesta primigenia frente a la emergencia es cobrar un impuesto al patrimonio empresarial?”
Entre los reparos, recalcaron un problema fiscal más allá del atractivo de la tarifa. Christian Quiñonez, exsub director de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la DIAN, sostuvo que el impuesto podría conllevar a “una doble tributación para empresas o sus dueños”, dado que ambos pagan aportes por participación o acciones desde sus impuestos de renta.
La propuesta aparece en un contexto pleno de presión fiscal que motivó el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria antigua que buscaba una mayor recaudación. Ávila responsabilizó a los legisladores de frustrar un mecanismo que habria entregado unos 16 billones de pesos para hacer viable un presupuesto de 546 billones al cual tuvimos que renunciar a 10 billones inicialmente previstos.
El ministro José Germán Ávila también explicó que las restricciones actuales tienen antecedentes en la no actualización del precio de la gasolina y el endeudamiento que confrontó la pandemia. La situación mide la urgencia y desacuerdos en generar recursos para asuntos como la protección social frente al cambio climático.
Las autoridades hacen un llamado a mantener el diálogo institucional y evaluar nuevos instrumentos que mitiguen la crisis humanitaria y al mismo tiempo garanticen la reactivación productiva del país. Se espera que próximos días reformas o ajustes a la iniciativa se definan como alternativa visible para conseguir el difícil equilibrio fiscal.
