📸 Cortesía: X @AABenedetti
[SEGURIDAD EN LA POLÍTICA COLOMBIANA]
Protección bajo presión
Este martes 9 de julio de 2025, en medio de crecientes tensiones y amenazas, el Gobierno colombiano reforzó la seguridad de al menos 14 precandidatas y precandidatos presidenciales. Bogotá fue el escenario donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció esta medida tras la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).
El punto de inflexión llegó tras el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en la capital, un hecho que desnudó las fragilidades de los esquemas de protección vigentes para políticos clave. Benedetti no dudó en afirmar: “La protección de los candidatos es también la tranquilidad del país y de la democracia”, dejando claro el delicado equilibrio entre seguridad y legitimidad electoral.
Las precauciones alcanzan a rostros tan conocidos como la periodista Vicky Dávila, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exalcalde Enrique Peñalosa, la exalcaldesa Claudia López y el senador David Luna de Cambio Radical. La selección de estos nombres no es casual; responde a rigurosas evaluaciones de riesgo y alertas que las autoridades han venido analizando.
Para blindar esta selecta lista, se ha dispuesto un despliegue sin precedentes: cerca de 500 vehículos y más de mil efectivos entre la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) conforman el primer y segundo anillo de seguridad, mientras que las Fuerzas Militares resguardan el tercer anillo, un escalón más allá de la vigilancia civil. Todo este operativo cuenta con una asignación presupuestaria de 400.000 millones de pesos, desembolsados ya por el Ministerio de Hacienda, lo que refleja la prioridad que se le otorga a este esfuerzo.
Pero más allá de las cifras y dispositivos, la pregunta persiste: ¿es suficiente este blindaje para una democracia marcada por la violencia y la incertidumbre? En un país donde el riesgo de ataques contra figuras públicas no ha cesado, esta protección aspira a ser no solo un escudo físico, sino una garantía para que el proceso electoral de 2026 se desarrolle con transparencia y sin miedo. Sin embargo, la verdadera prueba estará en los meses por venir, cuando la convivencia política demande más que simples medidas de seguridad.
La ciudadanía espera que este comprometido despliegue proteja no solo la integridad de quienes buscan gobernar, sino también la salud misma de la democracia colombiana, que parece oscilar siempre entre promesas y sombras. ¿Podrá la seguridad convertir la esperanza en realidad?
