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¿Glifosato, regreso sin vuelta atrás?
Este 8 de septiembre de 2025, en Bogotá, el Gobierno colombiano decidió retomar la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos de coca, una medida que abre viejas heridas y nuevos debates en medio de una crisis política y social creciente.
La orden partió directamente del presidente Gustavo Petro, quien justificó el regreso del herbicida señalando ataques recientes contra el Ejército durante operativos antidrogas. Para Petro, la reactivación solo ocurrirá “en aquellas zonas donde la ciudadanía ataque” a las fuerzas militares, responsabilizando a los grupos ilegales de manipular a las comunidades. Esta práctica había sido suspendida en 2015 por la Corte Constitucional, que advirtió sobre graves riesgos para la salud y el medio ambiente.
En paralelo, el Ministerio de Defensa firmó un contrato por 2.673 millones de pesos para adquirir 22.000 litros de glifosato, con un enfoque inicial en operaciones terrestres. Sin embargo, la incertidumbre sobre el control de daños ambientales y sociales persiste, y expertos alertan que este retroceso podría erosionar derechos conquistados luego de años de lucha. El ministro Pedro Sánchez defendió que la fumigación es solo una “herramienta disponible y legal”, mientras que la verdadera prioridad continua siendo la sustitución voluntaria de cultivos.
En medio de esta polémica, la reincorporación de Vera Grabe como negociadora en el proceso de paz con el ELN añade otro capítulo a la inestable negociación con grupos armados, exacerbada por la crisis política que envuelve la toma de decisiones sobre la estrategia antidrogas. Organizaciones sociales y voces expertas han expresado su rechazo, advirtiendo que el retorno al glifosato amenaza no solo al ecosistema sino también al cumplimiento de los acuerdos de paz y la legitimidad del Estado ante la presión internacional, especialmente de Estados Unidos.
La ciudadanía observa con inquietud el dilema entre seguridad y derechos, mientras el país busca equilibrar la ofensiva contra el narcotráfico sin sacrificar los frágiles avances sociales obtenidos. ¿Podrá Colombia encontrar un camino menos adverso entre la guerra química y la paz social, o esta medida marcará un nuevo capítulo en la incertidumbre y el descontento?
