📸 Imagen cortesía: Ministerio del Interior
¿Verdades duras en tiempos de paz?
El 2 de octubre de 2025, en Bogotá, una reunión poco común convocó a figuras que el país preferiría olvidar, pero que la historia y la justicia obligan a enfrentar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encontraron con 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, conocido como «Macaco», y Rodrigo Tovar Pupo, «Jorge 40». Estos hombres, otrora protagonistas de una violencia infame, fueron designados por el Gobierno como gestores de paz. Precisamente, en ese encuentro instalado como parte de la Mesa Técnica de Diálogo Social, se buscó discutir cómo participarán en la construcción de una paz que aún debe esclarecer heridas y preparar el cierre definitivo de Justicia y Paz, un proceso vigente desde hace veinte años.
Este encuentro excepcional, amparado bajo la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, que les asigna funciones concretas hasta agosto de 2026, no solo tiene un carácter técnico sino también simbólico. Significa la posibilidad de que antiguos actores del conflicto rindan cuentas y aporten a la memoria histórica. En la reunión, los exparamilitares se comprometieron, según las declaraciones oficiales, “a decir una verdad que va a sorprender a Colombia”. Una promesa que apunta especialmente a revelar la responsabilidad oculta de sectores políticos que fueron cómplices de las violaciones más graves del conflicto armado. Benedetti, con una mirada firme, recordó que “muchos de esos actores que hicieron parte de esa violencia hoy todavía siguen vigentes o son recién llegados a la escena política, y es importante que el país sepa qué clase de criminales son”.
Cada uno de estos gestores de paz deberá suscribir un plan de trabajo individual ante el Ministerio del Interior, en coordinación con Dapre y la Oficina del Comisionado para la Paz. Estos planes incluyen compromisos concretos para reparar a las víctimas, indicadores claros para evaluar su cumplimiento y la obligación irrenunciable de comparecer ante la justicia cuando sea requerido. Cabe subrayar que su participación en esta Mesa Técnica no conlleva beneficios judiciales; la justicia mantiene su curso y la rendición de cuentas sigue siendo ineludible.
Sin embargo, detrás de esta estrategia institucional, la sociedad enfrenta una paradoja incómoda: la presencia de exparamilitares en espacios oficiales despierta desconfianza y plantea interrogantes sobre la profundidad real del compromiso con la verdad y la reparación. ¿Será posible que estas voces, hasta ahora parte de la sombra que cubrió el país, iluminen caminos para la reconciliación? ¿O se trata solo de gestos calculados con el reloj político en contra? Mientras tanto, la fragilidad de la paz en Colombia muestra que este diálogo es apenas uno de muchos pasos pendientes en un sendero atravesado por las heridas del pasado.
