📸 Cortesía: El Colombiano
El Gobierno nacional ajustó los impuestos a las bebidas alcohólicas con el fin de controlar la finanza pública de 2026
El Gobierno de Gustavo Petro decretó a finales de 2025 una emergencia económica que generó un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) sobre licores, que pasó de 5% a 19% a partir del 1 de enero de 2026, medida que además incluyó el incremento del impuesto al consumo, cuyos componentes variable y específico subieron hasta un 119%. Productores, gobiernos departamentales y consumidores ven ya el impacto de estas modificaciones en el costo de aguardientes, rones, whiskys y brandys en todo el país con alzas superiores al 50%.
Con el Decreto 1474 del 29 de diciembre, la tasa específica por grado alcoholimétrico pasó de 342 pesos a 750 pesos mientras que el impuesto ad valorem subió del 25% al 30%. La meta del Gobierno Nacional es cubrir con los 11,1 billones de pesos adicionales el déficit fiscal tras la caída de la ley de financiamiento, gravando principalmente a las bebidas destiladas, según informó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien excluyó la cerveza para proteger su consumo social generalizado y ratificó exenciones para exportadores y poblaciones especiales como las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El ajuste está reflejado también a la fecha en los precios de mercados locales: por ejemplo, las botellas de aguardiente Amarillo de Manzanares pasan de costar 49.700 pesos a 71.100 (incremento cercano al 43%); el ron Viejo de Caldas tradicional subió de 54.500 pesos a más de 84.600, con un aumento hasta del 55%. Los productos genéricos incrementan su precio en rangos variables de 26% a 70%, afectando directamente a familias colombianas que enfrentan un incremento del 0,22% en la inflación general derivada del mayor impuesto Internal.
Esta situación encendió las alarmas en sectores productores regionales como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC), que ya advirtieron que seguirán aumentando los riesgos de contrabando y bebidas adulteradas, que hoy representan aproximadamente el 24% del mercado en esas zonas. Esteban Ramos, gerente de la FLA, denunció incrementos del 40% que superan con creces el 5,5% Schedule inicial, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detalló que se estiman movimientos por 720.000 millones de pesos girados al nivel central, al asumir niveles de venta estables pese al factor impositivo.
Aunque el recaudo sanitario y fiscal por ventas nacional se fortalece por cuenta de la regulación, voces gremiales como la de Asobares señalan consecuencias indirectas: menor ingreso en finanzas departamentales, debilitamiento del sector licor formal y un efecto alimentador de actividades ilegales que afectan los mercados controlados. La apuesta oficial pretende, además del ingreso recurso, disuadir el consumo abusivo de licores fuertes por políticas públicas y proteger sectores coexistentes a través de exenciones y control.
El Gobierno aconseja a los consumidores mantenerse informados sobre precios y fiscalización y recuerda la importancia de cumplir con medidas estatales para atender el presupuesto del área social nacional ante la emergencia económica vigente.
