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El Gobierno de Gustavo Petro declaró emergencia económica para financiar un déficit fiscal de 16 billones de pesos en el Presupuesto General de 2026, luego de que el Congreso archivara la ley de financiamiento. La medida fue formalizada el 18 de diciembre y radicada al día siguiente, comunicaron fuentes oficiales.
Entre las medidas tributarias más importantes se destacan el incremento del gravamen a movimientos financieros, que pasará de 4 por mil a 5 por mil durante todo 2026. Además, se impondrán impuestos al patrimonio para bienes líquidos superiores a 40.000 UVT, unos 52.374 millones de pesos. Se aumentarán los tributos sobre licores, cigarrillos y vapeadores, mientras que los juegos de azar en línea quedarán gravados con un IVA del 19 por ciento. También se aplicará un impuesto temporal del 1 por ciento sobre la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón para empresas de altos ingresos.
“El decreto fue firmado por los miembros del gabinete el jueves pasado y ya está radicado. La intención es que paguen más los grandes contribuyentes y no afectar a la clase media, como señala la oposición”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por su parte, el titular de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la emergencia responde al desfinanciamiento por 16,3 billones cuesta provocado por el rechazo del Congreso, además de un gasto excepcional de 3 billones por una decisión de la Corte Constitucional sobre la salud, lo que amenaza programas sociales.
El Ejecutivo quedará facultado para legislar de manera urgente durante el estado de emergencia, previsto como respuesta a una situación financiera calificada de grave. Sin esta reforma, el déficit podría llegar al 7,5 por ciento del PIB en 2026. El gravamen a los patrimonios aplicará desde enero sobre bienes netos y los impuestos al consumo tienen definidos montos específicos: como 11.200 pesos por cajetilla de cigarrillos y 2.000 pesos por cada mililitro de vapeador, más un 30 por ciento ad valorem.
Aunque la emergencia aún no ha sido promulgada oficialmente en el Diario Oficial, sectores empresariales y la oposición anunciaron posibles demandas ante la Corte Constitucional, que evaluará la legitimidad del decreto. El Congreso, mientras, ejercerá control político sobre el proceso. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, criticó la medida afirmando que los recursos requeridos representan sólo el 3 por ciento del presupuesto general y no justificarían una declaración de emergencia. Esta es la cuarta emergencia económica declarada durante el actual gobierno.
La emergencia económica busca mitigar los riesgos fiscales y garantizar los programas sociales a pesar del complejo panorama presupuestal para 2026. Las autoridades llaman a la ciudadanía a estar informada sobre las medidas y seguimiento oficial.
