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El Ministerio de Salud permanece a la espera de la notificación oficial del incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional relacionado con la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Así lo afirmó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien confirmó que aún no ha recibido el documento que le permita ejercer su derecho a la defensa.
El proceso administrativo fue anunciado por la Corte Constitucional el 12 de diciembre de 2025 mediante el Auto 2049, fechado dos días antes. La medida se dirige directamente contra Jaramillo por no haber demostrado que el ajuste en la UPC es suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La Sala Especial de Seguimiento del alto tribunal concluyó que existe incumplimiento general de las órdenes derivadas de la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en los mandatos 21 y 22, que exigen que la UPC cubra los costos reales y asegure la estabilidad económica del sector.
“Estamos a la espera del documento para poder responder formalmente”, explicó el ministro Jaramillo a medios económicos e insistió en que sólo presentará sus argumentos una vez se le notifique oficialmente sobre el incidente. La Corte recordó que la UPC es el monto estatal reconocido por cada afiliado al régimen de salud y subrayó que su suficiencia es clave para la financiación del Plan de Beneficios en Salud.
El caso tiene detrás el contexto completo de la Sentencia T-760 de 2008, que evidenció fallas estructurales en el sistema relacionadas con negación de servicios y desigualdades en los planes de beneficio, generando 16 órdenes específicas para corregir estas deficiencias, entre ellas la garantía de la sostenibilidad financiera. Por eso, para 2026 se exige al Ministerio de Salud la elaboración de un estudio técnico que certifique si la UPC cubre los costos reales. Este ajuste es uno de los puntos clave en la agenda de políticas públicas para el próximo año.
Se recomienda a la comunidad y actores del sector salud estar atentos a próxima notificación y al desarrollo del proceso, que tendrá impacto directo en la financiación y cobertura del servicio. La Corte mantendrá el seguimiento riguroso junto al Ministerio y demás entidades involucradas.
