Gustavo Petro firmó el ‘decretazo’

📸 Cortesía: Presidencia
¿Consulta popular o choque de poderes?En la tarde del miércoles 11 de junio, desde la emblemática Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que convoca a una consulta popular nacional para que los colombianos decidan sobre temas sensibles de la reforma laboral y salud pública. Un gesto de poder que, más allá de la forma, profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en medio de advertencias jurídicas sobre la posible vulneración de la separación de poderes. El decreto, anunciado y difundido oficialmente en la cuenta de X del mandatario, fue enviado para revisión a la Corte Constitucional y establece que la consulta se realizará el 7 de agosto de 2025. La ciudadanía está llamada a aprobar o rechazar una docena de puntos cruciales, entre ellos la reducción de la jornada laboral, licencias por problemas de salud, la implementación de salarios dignos para el sector agrícola y el fin de la tercerización laboral, aspectos que sin duda alteran la delicada estructura socioeconómica del país. La firma ocurrió en un contexto de fuerte confrontación. El Senado había rechazado previamente la propuesta de convocar esta consulta por vía popular, argumentando que esa competencia es exclusiva del poder legislativo y no del Ejecutivo. Sin embargo, Petro avanzó unilateralmente con la medida. En sus propias palabras, el decreto solo será derogado si el Congreso responde de manera positiva y aprueba los puntos que serán sometidos a votación. «Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo, para que exprese su orden constituyente, son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes», afirmó el presidente. La justificación presidencial no se hizo esperar. Petro denunció supuestas irregularidades en el trámite legislativo, señalando un cierre anticipado en el debate que impidió revisar plenamente la reforma, y enfatizó la necesidad de abrir una instancia de participación directa con la ciudadanía. Pero la convocatoria desató un debate sobre los límites del poder Ejecutivo y si esta maniobra erosionará la institucionalidad democrática o representa un legítimo llamado a la participación popular. Así, con la firma de este decreto, se abre un nuevo capítulo de incertidumbre y cuestionamientos sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y el rol que la sociedad debe jugar en decisiones tan cruciales. ¿Podrá el Congreso retomar la iniciativa legislativa y evitar la consulta? ¿O prevalecerá esta inédita convocatoria que pone en manos del pueblo un pulso vital para el futuro laboral y sanitario del país? Mientras tanto, la expectativa crece y la ciudadanía observa, inquieta, el desarrollo de esta inédita confrontación.

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