Gustavo Petro no acepta la sanción del CNE por violar los topes permitidos en su campaña presidencial

📸 Cortesía: Colprensa / D.R.A.
El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro por superar el límite legal de financiación en 5.300 millones de pesos durante las dos vueltas electorales de 2022. La decisión fue tomada el 27 de noviembre, con seis votos a favor y tres en contra, y representa la primera sanción administrativa de esta magnitud en una campaña presidencial en Colombia.

Las irregularidades detectadas incluyen un exceso de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, que corresponden a gastos no reportados oficialmente. Los documentos de investigación revelaron aportes omitidos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), posibles pagos a testigos electorales, contratación de publicidad en Caracol TV y la inclusión de fuentes prohibidas como la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO).

Las sanciones fueron impuestas a los gestores de la campaña colombiana, entre ellos Ricardo Roa, gerente de campaña y actual director de Ecopetrol; la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, quienes deberán responder con multas económicas. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico, fueron multados con cerca de 140.000 euros cada uno.

Gustavo Petro rechazó la sanción y señaló en su cuenta de X que “no hay ni un solo peso del narcotráfico en mi campaña”, argumentando inocencia ante tres años de investigaciones y acusando al CNE de persecución política y parcialidad, particularmente por la participación de un conjuez vinculado al político Federico Gutiérrez. “Esta es una multa de la oposición”, afirmó el presidente.

La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático defendió la sanción y exigió mayores controles, mientras que Aída Avella, de la Unión Patriótica, calificó la medida como una muestra de persecución histórica. El CNE también remitió la decisión a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía para verificar posibles investigaciones adicionales.

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