📸 Cortesía: Presidencia
El presidente Gustavo Petro solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia que impone controles previos a sus alocuciones presidenciales y faculta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para vetar o interrumpir en tiempo real sus intervenciones. La solicitud se hizo efectiva el martes 25 de noviembre de 2025 y alerta sobre una posible censura anticipada que vulnera la Constitución colombiana y la Convención Americana de Derechos Humanos.
El recurso fue presentado por el abogado Alejandro Carranza, representante legal del mandatario, ante el Consejo en Bogotá. Según el documento, esta medida genera un filtro administrativo que podría apagar o encender la comunicación presidencial en cualquier momento. Esta situación impone una autorización previa indefinida por un organismo técnico, afectando directamente la libertad de expresión del jefe de Estado y exponiéndolo a cortes inminentes de sus mensajes en medios de alcance nacional.
La sentencia impugnada fue dictada el 16 de septiembre de 2025 luego de varias tutelas que responsabilizaban al presidente de posible abuso y reiteración indebida en sus alocuciones. Este fallo estipula que las intervenciones deben ajustarse a criterios de urgencia y justificación, limitando duración y contenido. Además, ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones vigilar estos parámetros y vetar o suspender los mensajes que no cumplan estas condiciones.
El presidente Petro acusa que esta regulación excede los límites legales de la tutela y altera sin aval legislativo las competencias institucionales, convirtiendo a la entidad técnica en un censor de las palabras presidenciales. Señala que tal situación puede generar un “efecto cascada” con tribunales decididos a condicionar y controlar los discursos del mandatario, afectando la transparencia y su función ante la ciudadanía.
Desde sus plataformas públicas y redes sociales, Petro subrayó que un órgano técnico jamás debe “encender o apagar la palabra presidencial”. Además, enfatizó que los temas normalmente abordados, como la corrupción, abusos en salud y la desnutrición infantil, revisten especial urgencia para la nación. El presidente también rechazó lo que considera un trato diferencial porque “no pertenezco a la oligarquía, sino al pueblo».
El recurso indica que en lugar de controles previos, deben implementarse mecanismos basados en responsabilidad judicial y política, garantizando transparencia y derecho a la réplica sin censura anticipada a la comunicación presidencial. La decisión del Consejo de Estado medirá el equilibrio entre la libertad de expresión presidencial y el derecho ciudadano a una información plural y sin monopolio.
