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Contratos por $383 millones beneficiaron a hermano de la ministra de Cultura antes de la Ley de Garantías
En febrero de 2025, Salim Kadamani Fonrodona, hermano de la ministra de Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, obtuvo contratos estatales por un total de 383 millones de pesos, justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías electorales en enero de 2026, según el portal Datos Abiertos y Secop II.
De ese monto, 257 millones se asignaron al límite de la restricción electoral e incluyeron convenios con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Rotatorio de la Cancillería, destinados a labores administrativas y gestión cultural. Asimismo, en 2026 se reportaron dos contratos adicionales que superan dicha cifra acumulada, de acuerdo con registros oficiales.
Salim Kadamani es diseñador de modas y gestor cultural con participación en proyectos indígenas. Sin embargo, su idoneidad para cargos estatales ha sido cuestionada al no contar con experiencia directa en áreas asignadas, como lo señaló un informe de 2025 respecto a su actividad en la Dirección de Apropiación del MinTIC, espacio a cargo inicialmente de Yeimi Carina Murcia Yela, quien fue ministra posterior de esta entidad.
Esta situación coincide con denucias de contratos adelantados y dudosos durante este periodo. La representante Katherine Miranda alertó sobre la entrega de 70.000 millones de pesos en publicidad estatal a RTVC mediante procesos acelerados y sin licitación pública. De manera paralela, el candidato Daniel Briceño denunció la adjudicación superior a 391.000 millones de pesos otorgados a la empresa 472 por nueve entidades públicas, en medio de una crisis fiscal agravada por emergencias climáticas.
Ni el Ministerio de Culturas ni el MinTIC han emitido hasta ahora declaraciones oficiales en torno a estos contratos. La controversia ha generado llamados a auditorías y un seguimiento riguroso del uso de recursos antes del periodo electoral.
La comunidad y entidades de control permanecen atentas ante esta situación, con la recomendación de mantener la vigilancia en procesos contractuales en tiempos clave para garantizar la transparencia.
