📸 Cortesía: captura de pantalla redes sociales / D.R.A.
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en EE. UU. por cargos de narcoterrorismo
En las últimas horas, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas, tras haber sido capturados en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.
La detención tuvo lugar la madrugada del 3 de enero de 2026, en un operativo de fuerzas especiales autorizadas por el gobierno del entonces presidente Donald Trump. Maduro y Flores fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos que incluyen posesión de armas destructivas y conspiración para importar cocaína, según informó la fiscal general Pamela Bondi. «Pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses», señaló Bondi, quien agradeció a Trump y a las Fuerzas Armadas por la exitosa misión.

La acusación de marzo de 2020, radicada por un gran jurado en Estados Unidos, vincula a Maduro con el llamado «Cartel de los Soles», red de narcotráfico que operaría con altos cargos venezolanos y las FARC. Flores, ex presidenta de la Asamblea Nacional, afronta delitos similares por su supuesta participación en esta red criminal. Tras su llegada a Nueva York, ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
El operativo contó con una recompensa activa desde 2020, de hasta 25 millones de dólares para captar a Maduro. Así lo contextualizó el secretario de Estado Marco Rubio, quien además informó que no se prevén nuevas acciones militares en Venezuela, pues la acción se realizó como defensa ante riesgos inminentes de narcotráfico y terrorismo. Esta intervención ha generado debates en Washington y Defensa de aliados del gobierno venezolano. Mientras tanto, en Venezuela la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina por orden del Tribunal Supremo de Justicia.
Las autoridades estadounidenses aclararon que las investigaciones seguirán bajo los términos legales vigentes, sin influencia política, y llamaron a monitorear con atención el desarrollo del proceso judicial. Se espera que el caso construya un antecedente importante en la lucha contra el narcoterrorismo internacional.

