“Incluyan a fiscal Camargo en Lista Clinton”. Gobernador de Antioquia

Imagen de referencia. Captura de pantalla. Video suministrado. Gobernación de Antioquia.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a Estados Unidos incluir en la Lista Clinton a la fiscal general Luz Adriana Camargo, tras vincularla con las disidencias de las Farc, según nuevos documentos revelados. La petición se hizo pública el lunes 24 de noviembre de 2025 ante un presunto entramado que involucra a altos funcionarios y grupos armados ilegales en la región.

Los denominados “archivos de alias Calarcá”, líder de las disidencias capturado en julio de 2023 en Barbosa, Antioquia, contienen memos, chats y registros que fueron analizados por medios de comunicación y citados por el gobernador como evidencias de una colusión entre la Fiscalía, sectores gubernamentales y estructuras criminales. Según Rendón, esta fachada criminal habría facilitado beneficios políticos y logística a cambio del apoyo de estos grupos durante procesos como la campaña presidencial.

“El gobierno americano debería incluir en la Lista Clinton a todas las personas involucradas en este entramado, comenzando por la fiscal Camargo”, indicó Rendón a Blu Radio. Además, recordó que su administración ha alertado sobre estas irregularidades desde hace más de un año. El gobernador también identificó a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, y aseguró que estas estructuras contaminan la lealtad de sectores de las fuerzas militares hacia grupos guerrilleros.

Ante esta situación, Palestí Ayuntamiento manifestó que desde hace casi dos años no se registran bombardeos contra las Farc o el ELN en Antioquia, aunque sí se han realizado operaciones contra el Clan del Golfo, lo que califica como una muestra de impunidad que afecta la seguridad en el departamento. Rendón insistió en la necesidad de investigar y sancionar a los funcionarios comprometidos en este entramado criminal.

La Gobernación de Antioquia hace un llamado para que las investigaciones se profundicen y se garantice la transparencia en la lucha contra las estructuras delictivas en la región. Se espera que los organismos internacionales y las entidades judiciales tomen cartas en el asunto para esclarecer estos vínculos y mitigar el impacto en la gobernabilidad local.

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