📸 Cortesía: Colprensa / Presidencia
¿Justicia a dos velocidades?
Este 9 de julio de 2025, en pleno debate sobre la independencia judicial, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó el controvertido Decreto 799 de 2025. Con esta medida, la competencia exclusiva del Consejo de Estado para tramitar en primera instancia las tutelas contra el presidente Gustavo Petro y otros altos funcionarios queda eliminada. Desde el 10 de julio, la responsabilidad inicial recae en jueces de circuito o equivalentes, mientras el Consejo conserva la revisión en segunda instancia.
El cambio normativo busca, según sus promotores, desconcentrar la administración de justicia y fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial. El decreto insiste en que la nueva distribución permite un acceso más equitativo a la justicia, evitando que un solo tribunal acumule casos de gran relevancia política. En el papel, una maniobra para democratizar el control judicial sobre los actos del poder ejecutivo.
No obstante, la reacción dentro de la rama judicial ha sido unánimemente crítica. Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, calificó la decisión como “inconveniente”. Su principal argumento es que este procedimiento erosiona la estructura de control institucional sobre las altas jerarquías estatales. Denunció que la norma se firmó sin consultar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo, un requisito previsto en el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011 para cambios que afectan las funciones de este tribunal, aunque no vinculante.
Álvarez puntualizó: “Eliminarle esta atribución al Consejo de Estado y otorgársela a jueces de circuito no parece ni proporcional ni razonable. Frente a actos de máxima jerarquía, se requiere un juez de igual nivel, un tribunal que entienda la complejidad y el impacto institucional”. Desde la oposición y expertos constitucionalistas, esta visión se ha reforzado, advirtiendo que la medida podría dilatar el esclarecimiento de responsabilidades y generar una justicia a dos velocidades.
Mientras tanto, el decreto ya está en vigencia, y el sistema judicial inicia una etapa en la que la revisión de tutelas contra el presidente y altos cargos se fragmenta. Queda la pregunta abierta: ¿esta desconcentración será un paso hacia una justicia más justa o apenas un paso que debilita la supervisión necesaria en actos de alta relevancia política? La ciudadanía observa, expectante pero también inquieta.
