📸 El Colombiano / @JMCaicedoFerrer
¿Infraestructura en suspenso?
Un panorama crítico enfrenta actualmente la infraestructura pública en Colombia: cerca de 95 obras estratégicas están paralizadas o en riesgo, sumergidas en la baja ejecución presupuestal, la inacción administrativa y la carencia de recursos esenciales. Este llamado de alerta llegó este miércoles 30 de abril de 2025, de la voz firme de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que reveló cifras preocupantes sobre la gestión de los fondos destinados a dos entidades clave: Invías y Aerocivil. La ejecución promedio de sus rubros apenas alcanza un 7 %, con una merma de 5,2 puntos porcentuales respecto a años anteriores, justo cuando el país demanda mayor reactivación económica y conectividad nacional.
Entrando en detalles, el Invías, responsable de los proyectos viales, fluviales y férreos, registra un avance presupuestal que apenas roza el 5,8 % en este 2025, un porcentaje muy alejado de su promedio histórico. Este factor ha condenado a la paralización a 72 de las 80 iniciativas a su cargo. Entre las obras más emblemáticas sin progreso significativo se encuentran rutas críticas como Los Curos-Málaga, Altamira-Florencia, Puerto Salgar-San Roque y la Transversal del Caribe: proyectos vitales que no superan siquiera el 0,5 % de ejecución en términos financieros. En el ámbito fluvial, de los 105 muelles programados para intervención, solo se han atendido 57, reflejando un claro retraso.
Por su parte, la Aerocivil muestra un panorama igualmente sombrío. Solo ha ejecutado el 8,2 % de su presupuesto anual y presenta un avance real promedio del 2,7 % en 25 de sus 26 proyectos. La excepción es el mejoramiento del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, que supera el 11 % de ejecución, aunque lejos del ritmo esperado para responder a las demandas de conectividad aérea en la región amazónica.
Las causas, según advierte la CCI, son multifacéticas. Por un lado, se mencionan limitaciones fiscales que atenazan los recursos disponibles. Por otro, subyace una aparente falta de voluntad política por parte del Gobierno para priorizar estas obras, muchas de ellas ubicadas en las periferias y regiones más apartadas del país, territorios donde la infraestructura debería ser un vehículo para la inclusión social y el desarrollo. Esta dualidad abre un interrogante inquietante: ¿está realmente la Administración dispuesta a enfrentar el rezago que afecta la movilidad y el bienestar de millones de colombianos?
Mientras tanto, la inacción genera un vacío que erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas y apaga las expectativas de progreso. Queda en evidencia además que la parálisis en infraestructura no solo refleja un problema técnico o financiero, sino que expone las tensiones políticas y sociales detrás de la asignación y ejecución del gasto público. La ciudadanía observa a la espera de respuestas y soluciones palpables.
¿Podrá Colombia retomar el ritmo perdido y superar las sombras que ahora amenazan su conectividad y desarrollo? La magnitud y el impacto de estas paralizaciones invitan a una reflexión profunda sobre la gestión pública y el compromiso real con el futuro de las regiones más vulnerables. Por ahora, la incertidumbre persiste, como una obra inconclusa que reclama atención y decisión.
