«`html¿SEGURIDAD EN JAQUE?
Este 17 de junio de 2025, en Bogotá, un grupo de 32 alcaldes de las ciudades capitales de Colombia alzó su voz ante una crisis que reclama atención urgente: la seguridad en el país se tambalea.
La reunión extraordinaria, convocada por Asocapitales y liderada por el alcalde de Cali, Alejandro Éder, congregó a los mandatarios de ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Frente a ellos, cifras que hablan sin rodeos: un recorte nacional superior a 1,5 billones de pesos en seguridad, mientras los gobiernos locales han incrementado sus aportes en esta área hasta en un 30% e incluso un 100% en algunas capitales. La exigencia fue clara: la liberación inmediata de 300.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad Ciudadana (Fonsecon), congelados desde hace meses.
¿Por qué esta protesta? La escalada de hechos violentos, atentados y amenazas que golpean a las ciudades ha generado una sensación palpable de inseguridad. En un año electoral, ese vacío de protección pesa más. Los alcaldes cuestionaron que, pese a la apuesta local, el Gobierno Nacional redujo su presupuesto en seguridad un 20% y congeló recursos adicionales por 700.000 millones de pesos. Este recorte ha erosionado capacidades clave como la inteligencia, la policía judicial y las fuerzas militares.
Desde el corazón de la capital, el mensaje fue inequívoco: “No podemos permitir que la falta de recursos siga desarticulando la seguridad de nuestras ciudades”, afirmó Éder, un llamado que une a la diversidad de regiones y estilos de vida bajo la misma preocupación colectiva. Los mandatarios instan al Ejecutivo a corresponder con acciones concretas y a dejar atrás la dilación que alimenta la incertidumbre social.
La movilización política y social que este llamado podría provocar aún es incierta. Pero lo que permanece es la inquietud de una ciudadanía que observa el desmantelamiento de su sentir más básico: el derecho a la seguridad. ¿Logrará el Gobierno Nacional escuchar este clamor antes de que el vacío se haga insostenible?
«`
