📸 Imagen cortesíaGobernación de Antioquia
¿Escuchas bajo sospecha?
En la madrugada del 14 de mayo de 2025, un silencio se instauró en las comunicaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Durante 71 días, su línea telefónica fue intervenida por la Fiscalía General de la Nación, junto con las de al menos otras nueve personas vinculadas a su entorno. La razón: una investigación que busca esclarecer supuestas irregularidades en contratos para la construcción de dos CAI en Rionegro, firmados cuando Rendón era alcalde, entre 2016 y 2019.
Lo que se sabe hasta el momento es que la medida fue avalada mediante tres órdenes judiciales y revisada públicamente el 23 de julio. Las escuchas apuntaron directamente a actuales miembros del gabinete departamental, incluyendo a la secretaria General Martha Patricia Correa, además de exfuncionarios y contratistas vinculados con la Alcaldía de Rionegro. Según la Fiscalía, esta intervención era imprescindible para obtener información sobre posibles irregularidades relacionadas con los contratos en los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira.
Este proceso judicial se originó en 2022 a raíz de una denuncia ciudadana que alertaba sobre un supuesto detrimento patrimonial que supera los 1.200 millones de pesos, derivado de la asignación directa del contrato a la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso) y de subcontratos posteriores. Sin embargo, la investigación permaneció dormida hasta que la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General ordenó reactivar las diligencias y dar un nuevo impulso al caso.
La controversia no se hizo esperar. La fiscal general refirió públicamente a Rendón como «imputado», a pesar de que el proceso apenas está en etapa preliminar, lo que motivó una recusación formal por parte del gobernador, al denunciar una persecución política y falta de imparcialidad. Este recurso, lejos de cerrarse, sigue sin resolverse, dejando un vacío que alimenta las dudas y aumenta la tensión política.
¿Podrán estas escuchas desenmarañar una red de irregularidades o terminarán por convertirse en un apagón para la confianza ciudadana? La justicia avanza, pero en medio de sombras y preguntas sin respuesta. Las voces que se esconden detrás de cada llamada grabada serán las que finalmente pesen en la balanza. Mientras tanto, la incertidumbre sigue vigente, y la sociedad observa contenida, esperando que la verdad no quede atrapada en el eco de un teléfono que ya no habla.
