📸 Imagen cortesía: Cuenta de Instagram Iván Cepeda
¿Difamación en plena plaza pública?
Este martes 26 de agosto de 2025, en el corazón del Congreso colombiano, el senador Iván Cepeda rompió el silencio con una acusación que reverberó en la plenaria del Senado en Bogotá: una denuncia penal contra Álvaro Uribe Vélez, sus hijos y el director del partido Centro Democrático por presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.
Lo que sucedió no es solo un episodio más en la historia reciente de la política colombiana. Cepeda denuncia una campaña sistemática de difamación que se ha filtrado como un veneno a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, donde lo vinculan falsamente con actividades ilegales y con la guerrilla de las FARC. Esta estrategia, según sus palabras, no solo pone en entredicho su credibilidad sino que amenaza su seguridad y la de la denominada “bancada de víctimas” que ha acompañado el proceso judicial contra Uribe.
El contexto no puede ser ignorado: apenas días atrás, Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno de testigos, una sentencia histórica que convirtió al expresidente en el primero en Colombia en enfrentar una condena penal. Esta realidad parece haber encendido la mecha de una persecución política que, a ojos de Cepeda, busca desprestigiar a quienes luchan por justicia.
En el Senado, el propio Cepeda expuso su molestia y frustración. “Las víctimas de este proceso hemos sido blanco de una campaña constante”, afirmó con firmeza. Desafiante, agregó: “Si tienen pruebas de mi relación con organizaciones ilegales, ¿por qué no las presentan aquí, ante todos?”. Su reclamo no es solo a sus acusadores, sino a un sistema que se debate entre la transparencia y el ruido mediático.
Este capítulo plantea interrogantes inquietantes: ¿Se está utilizando la política para sembrar miedo y silenciamiento? ¿Podrá la justicia filtrar verdad y mentira en un escenario donde la palabra es arma y escudo? La denuncia de Cepeda abre una nueva veta de conflicto que, lejos de cerrarse, promete nuevas tensiones para la democracia colombiana.
