📸 Cortesía: Colprensa
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazó categóricamente cualquier vínculo con las disidencias de las Farc, luego de que el domingo 23 de noviembre de 2025 circuló un informe en Noticias Caracol donde se relacionaba su nombre con presuntos apoyos ilegales y financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La controversia surgió tras una investigación basada en mensajes recuperados en los registros de estos grupos ilegales. En dichas conversaciones, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc, y alias ‘Danilo Alvizú’ supuestamente mencionan a la vicepresidenta como intermediaria para canalizar esas ayudas. Frente a esto, Márquez afirmó: “Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano”.
En varias comunicaciones oficiales el lunes 24 de noviembre aseguró que las acusaciones se basan en un “supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, y que no existen pruebas fehacientes que confirmen un vínculo con estas agrupaciones ilegales. Además, destacaba que su campaña fue transparente y apoyada por miles de ciudadanos, sin ayudas ni pactos con estructuras criminales. “Jamás me reuniré con criminales ni me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”, sostuvo.
Este caso hace parte de una investigación más amplia sobre la infiltración de disidencias de las Farc en organismos de seguridad y en campañas políticas. La Fiscalía General canaliza la información de los archivos incautados, aunque hasta el momento no ha informado desde su instancia jurídica la apertura de una investigación formal contra la vicepresidenta.
Francia Márquez hizo un llamado a la comunidad y medios de comunicación para evitar la difusión de rumores o acusaciones sin base legal, insistiendo en que han sido actos de mala fe diseñados para deteriorar su imagen política y personal. Por su parte, el gobierno y las autoridades competentes han asegurado que revisan la veracidad del material divulgado y que continuarán con la exploración del caso para determinar responsabilidades conforme a la ley colombiana.
