JEP condena a 12 militares por 135 falsos positivos

📸 Imagen cortesía: Imagen creada con IA. Imagen de referencia
¿Falsos positivos en la mira de la justicia transicional?

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una sentencia sin precedentes contra 12 miembros del Batallón de Infantería La Popa, responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005 en los departamentos caribeños de Cesar y La Guajira.

Los condenados, en su mayoría oficiales de mando medio como Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo y Eduart Gustavo Álvarez Mejía, admitieron su responsabilidad en la muerte y desaparición de civiles inocentes. Estas víctimas, muchos campesinos, indígenas y afrodescendientes vulnerables, fueron reclutadas mediante engaños o falsas promesas y presentadas como guerrilleros caídos en combate, en un macabro fenómeno conocido como “falsos positivos”.

La magistrada Ana Manuela Ochoa, al leer la sentencia, resaltó que estos crímenes no fueron hechos aislados sino parte de un patrón sistemático de macrocriminalidad, en el que se entrelazaron alianzas con grupos paramilitares en la región Caribe y una presión institucional que impulsaba resultados a costa de vidas humanas.

En coherencia con el sistema de justicia transicional acordado en 2016, los condenados cumplirán sanciones restaurativas de entre 5 y 8 años: participarán en proyectos de memoria, dignificación y reparación para las víctimas, en lugar de penas privativas de libertad. Este camino busca reconocer el dolor y la verdad, mientras intenta sanar profundas heridas sociales que el conflicto armado dejó abiertas.

La decisión de la JEP provoca una reflexión incómoda: ¿hasta qué punto la cadena de mando y la cultura institucional fomentaron la lógica de la muerte como estrategia? La ciudadanía caribeña, golpeada por estas prácticas, espera ahora que la justicia no solo esclarezca el pasado sino que prevenga sus sombrías repeticiones.

La reparación empieza con la verdad y la memoria, pero la incertidumbre persiste sobre quién asumirá finalmente la responsabilidad política y moral más allá de los condenados. ¿Podrá Colombia transformar estas sombras en un futuro donde la vida humana sea irrenunciable?

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