📸 Cortesía: Alcaldía de Medellín
Juez penal de Medellín admite pruebas en proceso por presunta corrupción contra exfuncionarios de la Alcaldía
El pasado 10 de agosto de 2025, un juez penal en Medellín admitió la solicitud de pruebas presentada por la Fiscalía General de la Nación en el proceso judicial contra exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero. Entre los implicados están la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, y el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, por presuntas irregularidades en contratos para el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad.
La investigación involucra también a excontratistas y a Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano. Según la Procuraduría General, Urrego y Liévano fueron sancionados con destitución e inhabilidad por nueve años, tras constatar que ampliaron sin justificación un contrato inicial de más de 5.200 millones de pesos para conservar jardines municipales. El contrato, firmado originalmente por tres meses, se extendió cuatro meses más alegando dificultades derivadas de la pandemia de Covid-19, pero esta extensión vulneró los principios de economía y eficacia administrativa.
“Se evidenció que la ampliación del contrato favoreció intereses distintos a los fines públicos y configuró una falta gravísima con culpa gravísima,” señaló la Procuraduría General. La audiencia de pruebas, realizada en la fase preparatoria de juicio, busca esclarecer delitos como celebración de contrato sin cumplimiento legal, interés indebido en contratación y asociación para delinquir contra la administración pública. Durante la diligencia, el juez descartó algunas pruebas propuestas por la defensa por considerarlas no pertinentes, lo que generó recursos de apelación que serán revisados por el Tribunal Superior de Medellín.
Ante esta situación, se espera que la Fiscalía continúe con la presentación de evidencias que permitan avanzar en el proceso. La justicia mantiene abierta la investigación para garantizar la transparencia en la contratación pública y salvaguardar los recursos de la ciudad. La ciudadanía puede seguir el desarrollo del caso a través de los canales oficiales y se recomienda mantenerse atenta a futuras resoluciones judiciales.
