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¿Orden judicial en papel mojado?
En La Guajira, la justicia volvió a chocar contra la inercia del sistema penitenciario colombiano. El 24 de septiembre de 2025, el juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, Cristian Camilo López Pontón, lanzó una dura reprimenda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por incumplir una orden judicial. Esta orden exigía el traslado inmediato de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’ —jefe de la banda criminal La Inmaculada y reclamado en extradición por Estados Unidos— a la cárcel La Picota de Bogotá.
Lo que podría parecer un trámite administrativo tardó en convertirse en un símbolo de las fisuras del sistema. Marín Silva, detenido en la estación de Policía de Los Mártires, permanecía en condiciones penosas y bajo amenaza constante de muerte, según denunció su defensa al solicitar la tutela. El tribunal le concedió al Inpec un plazo de 48 horas para trasladarlo al pabellón de extraditables de La Picota, plazo que venció el 1 de octubre sin cumplimiento alguno. La justicia exige traslado, pero lo que se vive es la férrea resistencia institucional.
En un auto de tres páginas, el juez López Pontón no solo ordenó cumplir la orden de inmediato, sino que también requirió identificar al funcionario responsable dentro del Inpec y la Policía Nacional, y demandó explicaciones formales sobre el incumplimiento. Bajo amenaza de sanciones disciplinarias, económicas e incluso penales por fraude a resolución judicial, la respuesta institucional permanece en ningún lado. La sugerencia que lanzó el Inpec, de poner a Marín Silva en otro lugar, fue desestimada por el juez, quien evidenció el vacío institucional que deja a reclusos de alto perfil en una especie de limbo jurídico.
Este caso no es un episodio aislado, sino una radiografía dolorosa de un sistema penitenciario que, pese a las órdenes del poder judicial, sigue mostrando grietas profundas: privilegios encubiertos, incumplimientos persistentes, y una administración que dilata sin justificación procesos críticos. ¿Hasta cuándo la justicia seguirá pidiendo sin ser escuchada? El traslado de ‘Pipe Tuluá’ debía ser un acto mínimo de cumplimiento legal; en cambio, se tornó en un espejo que refleja la fragilidad y la impunidad que acechan a la justicia en Colombia.
Mientras tanto, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿podrá el sistema penal superar estas sombras y cumplir con el mandato del Estado de derecho? Por ahora, solo queda esperar que las instituciones respondan más allá del silencio y las excusas. El reloj sigue corriendo, pero el traslado sigue pendiente.
