Jueza federal mantiene la Operación Metro Surge en Minnesota mientras avanza demanda constitucional
Una jueza federal de Minnesota rechazó la solicitud del estado de Minnesota, así como de los municipios de Minneapolis y Saint Paul, para detener la operación metro Surge que despliega 3.000 agentes federales en la región mientras se resuelve una demanda constitucional presentada en enero de 2026.
El fallo emitido por la juez Katherine M. Menendez el sábado 31 de enero indica que los argumentos de las autoridades locales, que hablan de una invasión federal y afectación a libertades civiles, no justifican parar toda la operación de inmigración dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Solo en Minneapolis se reportan más de 3.000 arrestos, de los cuales aproximadamente el 5 % corresponde a personas con antecedentes de crímenes violentos.
“Bloquear la totalidad de la operación implica una intervención inapropiada en la gestión ejecutiva de seguridad nacional. No hay precedentes para micromanejar estas estrategias”, afirmó Menendez, quien aludió a un pronunciamiento reciente que respaldó continuidad de acciones federales pese a controversias.
Desde diciembre de 2025, la operación Metro Surge funciona en las Ciudades Gemelas y se amplió a todo Minnesota desde el 6 de enero. La intervención busca la captura de inmigrantes indocumentados supuestamente vinculados a fraudes denunciados localmente. Sectores no involucrados han sido afectados con redadas en escuelas, hospitales y negocios y contabilizan al menos dos observadores civiles muertos, aún bajo investigación.
Ante la continuación operativa, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció apelación a esta decisión. “Están aquí para intimidar y SOS apoyar manejos derechistas que vilipendian nuestro estado santuario. Eso viola garantías constitucionales”, aseguró Ellison. Las autoridades locales además califican la medida como una “acción punitiva fuera de norma” mientras la dinámica social reapercute en huelgas, protestas y modificaciones del horario escolar.
El DHS defiende la campaña como una iniciativa enfocada en objetivos que implican amenazas reales para la comunidad y niega intencionalidad política. Sin embargo, las repercusiones sociales y humanas llevan a recomendación permanente de atender orientaciones oficiales y mantener canales de alerta abiertos en toda Minnesota.
